El Gobierno y EH Bildu explorarán “hasta el último segundo” un posible acuerdo presupuestario

En las elecciones autonómicas de 2016, celebradas en septiembre, se registraron errores en el escrutinio de Bizkaia. Así las cosas, unos días después de las votaciones en urna, se corrigió el reparto de escaños y EH Bildu arrebató el último asiento al Parlamento Vasco por Bizkaia al PNV. Los nacionalistas, junto a sus socios del PSE-EE, ya no sumaban mayoría absoluta por un solo escaño. La directamente beneficiaria por aquel recuento fue Leire Pinedo, portavoz económica de la coalición abertzale y miembro de la comisión negociadora de los presupuestos de 2019. Su entrada a la Cámara se convirtió en decisiva y lo sigue siendo años después en una negociación con el Ejecutivo de las cuentas que, tras la cita de este martes, sigue viva.

Este pasado mes de mayo, el PNV viró 180 grados su posición política en las Cortes Generales y de apoyar los presupuestos de Mariano Rajoy pasó a apoyar la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez. Como derivada, el PP vasco dio por rotos los puentes en Euskadi, donde los de Alfonso Alonso habían apoyado en 2017 y 2018 las cuentas autonómicas. El secreto a voces de que el PP ya no es el socio económico en Euskadi se ha confirmado esta semana y con Elkarrekin Podemos en las antípodas del Gobierno de PNV y PSE-EE, la negociación con la EH Bildu de, entre otros, Leire Pinedo se antoja la única vía factible para salvar el proyecto presupuestario de 2019, que se ha vuelto a promocionar como el más social de la historia al destinar más del 70% de los 11.000 millones totales a servicios públicos básicos.

Conscientes de su posición de fuerza, en EH Bildu ofrecieron dos abstenciones -nunca ha estado sobre la mesa el 'sí' a las cuentas- a cambio de 420 millones más para políticas sociales, 350 para mejorar la situación de los pensionistas y 70 para planes de empleo. Para el Gobierno esta propuesta siempre ha sido inasumible, pero descolocó a sus interlocutores al ofrecer la pasada semana una contraoferta: una mejora general de la renta de garantía de ingresos (RGI) de un 3,5% en dos años y modular algunos de los recortes introducidos en esta prestación social en el último lustro.

Sin competencias propias en pensiones, la única vía para tocar esa palanca es actuar sobre los complementos que se abonan con cargo a la RGI. Con la propuesta del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, los pensionistas vascos tendrían garantizados 758 euros en 2019 y 785 en 2020 frente a los 732 actuales y se evitaría el previsible pleito en el Constitucional de adoptar cualquier otra medida que afecte a la competencia estatal en materia de Seguridad Social. 

Rechazar estas mejoras ha complicado el 'no' de EH Bildu, aunque insiste en que reforzar los complementos de pensiones no resuelve “ni de lejos” un problema social que ha motivado, especialmente en tierras vascas, una fuerte movilización ciudadana. Tras la cita de este martes en Lakua, sin embargo, todas las puertas están abiertas. El consejero Azpiazu ha dicho que el Gobierno quiere “hacer un esfuerzo” para acercar posturas con sus interlocutores, por lo que analizará los “posibles márgenes” en materia de pensiones que demanda EH Bildu. La portavoz abertzale, Maddalen Iriarte, ha agradecido el gesto del Ejecutivo y ha indicado que con “voluntad” el camino para el acuerdo “estará abierto” hasta el “último segundo”.

Formalmente, el margen para resolver este laberinto político se agota el 12 de diciembre. Ese día la Cámara celebra un pleno de “totalidad” en el que se debaten las enmiendas globales que registra la oposición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP tienen los votos suficientes -si no hay ausencias o sorpresas en las votaciones- para tumbar las cuentas y devolverlas al Gobierno. A Iñigo Urkullu ya le ocurrió en el primer año de su primer mandato, 2013, y optó por evitar la fotografía de la derrota parlamentaria anunciando (desde Bruselas) la retirada de los presupuestos. Ahora el mensaje oficial es que, con un aumento de la recaudación y la legislatura encauzada, la prórroga en 2019 “no sería un drama”. Eso sí, la partida de ajedrez se retomaría en doce meses para encarar las cuentas del último año de la legislatura.