La encrucijada de la RGI

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de Euskadi no puede escapar del foco electoral. Desde que el exalcalde de Vitoria y actual vicesecretario del PP, Javier Maroto, encendiera la polémica sobre el nivel de fraude que se comete con esta ayuda nada ha vuelto a ser lo mismo para esta prestación.

Esa campaña iniciada por Maroto y sostenida en el tiempo por el resto del partido (aunque con menos virulencia una vez que Alfonso Alonso se ha hecho con las riendas del PP en Euskadi), ha sembrado una duda sobre la RGI, especialmente por esa parte de la ciudadanía propensa a la desafección hacia las ayudas a los más pobres. Sin embargo, también ha tenido contestación entre los propios movimientos ciudadanos y no solo entre los políticos.

La RGI se puso en marcha en 1989 con la denominación de ingreso mínimo familiar. Con el paso de los años se ha convertido en una seña de identidad de la comunidad autónoma y una de las banderas del Estado de bienestar. El camino recorrido por Euskadi con la RGI no ha tenido ningún tipo de continuación en el resto de España (salvo Navarra), que en la actualidad es el país de la UE que menos dinero destina en conjunto a este concepto.

En cambio, analizando el dato de Euskadi, se puede comprobar que la RGI vasca es equivalente a los sistemas de protección más avanzados que pueden encontrarse en otros países europeos. “Proporcionalmente se gasta en RGI lo mismo que Francia, Alemania o Inglaterra. Aunque alguien no se lo crea, Euskadi tiene un sistema de lo más convencional y comparable a lo que existe en otros países en cuanto a número de personas atendidas y gasto. Estamos al mismo nivel y tenemos los mismos problemas”, suele recordar Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación en Investigación de Políticas Sociales (SiiS), de la Fundación Eguía Careaga.

Por lo tanto, se trata del mejor sistema de rentas mínimas de España y comparable a los impulsados en los estados socialmente más avanzados de la Unión Europea. Esa es la opinión de los expertos, quienes también resaltan que gracias a este sistema Euskadi se aleja por completo de las tasas y el riesgo de pobreza del resto de España. Sin embargo, este sistema de ayudas sociales vive horas difíciles.

Los candidatos a las elecciones autonómicas vascas tienen su opinión acerca de cómo deben cambiar las cosas, aunque coinciden en que la esencia se debe mantener. Para Pilar Zabala (Elkarrekin Podemos), es importante que la gestión de la RGI no dependa de Lanbide –el Servicio Vasco de Empleo– y que se cree una oficina específica. De esa forma, Lanbide podría dedicarse en exclusiva a la orientación y la intermediación laboral de los desempleados.

En la misma línea parece caminar el PNV. El lehendakari en funciones y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, ha apuntado más de una vez que “Lanbide debe dirigirse hacia otro modelo”, donde no tenga cabida la RGI. El PSE apunta a la necesidad de prestar más atención a colectivos desfavorecidos emergentes, como los hogares encabezados con pensionistas que se ven obligados a mantener a hijos desempleados. Mientras, EH Bildu quiere dejar sin efecto los recortes realizados en el 2011 en la RGI y modificar la Ley Renta para la Garantía de Ingresos para reducir a un año el plazo de empadronamiento y residencia efectiva para percibir la ayuda, y reducir también la edad de percepción a los 18 años.

Los números

Alrededor de 65.000 beneficiarios directos cada mes de la RGI (titulares de la prestación, por lo que si se tiene en cuenta la familia que hay a su alrededor los beneficiados pueden rondar las 140.000 personas); más de 37 millones de euros de gasto mensual por parte del Gobierno vasco en prestaciones; 485 millones de gasto en 2016... las cifras no dejan de crecer. La RGI es un derecho subjetivo y, por lo tanto, no está sujeta a la discrecionalidad técnica, económica o política de las instituciones. Nunca se acaba la partida.

Luis Sanzo, responsable del servicio de estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y uno de los que formó parte de la génesis del proyecto de rentas mínimas, lamenta que una parte de la sociedad asocie el sistema de garantía de ingresos a “cronificación o fraude, insistiéndose en paralelo en su inviabilidad financiera en caso de mantenimiento de los actuales niveles de atención”.

Gran parte del problema se vincula, según Sanzo, al “enorme” salto adelante que se observa entre 2004 y 2010 en los niveles de acceso a la prestación y al paralelo incremento del gasto. Esta evolución se relaciona con la aceptación del acceso de la población inmigrante al sistema, la aplicación de estímulos al empleo y la ampliación de las cuantías de protección a los pensionistas.

El aumento de la demanda debido a la crisis ha contribuido a consolidar al alza las partidas de gasto asociadas a la RGI, a pesar de que se han introducido medidas restrictivas en los últimos años.

Zalakain asegura que la contención de la pobreza en Euskadi con relación al resto de España se explica en buena medida por el efecto de la RGI. “No hay más que ver las cifras de la pobreza en España para valorar el efecto de la RGI en Euskadi”. Para Zalakain, resulta fundamental que para seguir haciendo viable el modelo se ajuste la capacidad de gasto de las administraciones y, por tanto, a la presión fiscal: “Se trata de establecer un sistema que dote a las administraciones de los ingresos que precisan para abordar las políticas que, mediante una serie de leyes, se ha decidido hacer. Eso obliga a una presión fiscal superior a la que existía en Euskadi antes de la crisis, y a revisar aspectos como la progresividad, el fraude, las deducciones y exenciones, etc”.

El mito de la sobrerrepresentación

Una de las polémicas que ha perseguido a la RGI en los últimos años es si están sobrerrepresentados los inmigrantes. Si se atiende a su peso en la población en general (alrededor de un 7%), se podría decir que sí, ya que en la RGI cuatro de cada diez perceptores son de origen extranjero. Pero esa sería una lectura reduccionista y descontextualizada, ya que lo cierto es que la pobreza en el País Vasco, en la actualidad, está copada por la población de origen extranjero y este hecho hace que su peso en la RGI sea “considerablemente mayor” que en el conjunto de la sociedad, según Gorka Moreno, director del Observatorio Vasco de Inmigración.

Si se toma como referencia los datos que ofrece la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales en el País Vasco (Eustat), en 2014 la tasa de pobreza del colectivo inmigrante de origen extranjero se sitúa en el 36%, mientras que es de un 4% para la población autóctona.

De igual forma, las personas inmigrantes suponen el 36,4% de la población en situación de pobreza en la comunidad autónoma, frente al 63,6% de personas de origen español, unos porcentajes prácticamente idénticos al peso de estos dos colectivos en la RGI (35,9% para la población extranjera y 63,7% para la española), según expone Moreno.

Parche y solución

La paradoja es que la RGI se ha convertido en un parche para paliar los fallos de diferentes políticas: pensiones insuficientes, mercado de alquileres inaccesible, ausencia de prestaciones por desempleo y fracaso de la política de inmigración. Ese parche ha actuado de solución al resto de males y, por lo tanto, es un dique de contención al malestar y al agravamiento de la desigualdad social.

Al margen del debate del mayor o menor nivel de fraude (que el Gobierno vasco establece en el 0,4% del total de ayudas que concede), otro problema es el elevado número de personas que aun teniendo derecho a la RGI no la solicitan. “Se trata de un problema más grave que el del fraude”, sostiene Zalakain.

Así, las cuestiones de fondo a las que tiene que enfrentarse la sociedad vasca en materia de garantía de ingresos siguen siendo fundamentalmente las mismas que tuvieron que abordar las personas que diseñaron en sus orígenes las prestaciones del plan de lucha contra la pobreza, indica Sanzo. Es decir, ¿considera o no necesario la sociedad vasca garantizar a toda la población unos ingresos mínimos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas? Y en caso de respuesta positiva, ¿en qué condiciones y con qué cuantías?

“El futuro de Euskadi”, enfatiza, “dependerá más de las soluciones que se alcancen para el problema del desempleo, en especial el de los jóvenes, y de la capacidad social por repartir el trabajo disponible, que de un posible y suicida debate sobre las limitaciones y, hasta el sentido, de su sistema de garantía de ingresos. Nadie debería olvidar que este sistema ha contribuido, junto con otras muchas medidas, a que Euskadi haya dejado de ser la sociedad con cerca de un 30% de población en situación de pobreza y ausencia de bienestar que dejaba la reconversión industrial, y el territorio con mayor nivel de paro y peores perspectivas de crecimiento económico de España”, apunta en su reflexión.