Erkoreka rebaja a “pequeñas diferencias” la crítica del PSE al informe que cuantifica en 4.113 los casos de tortura en Euskadi
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha rebajado a “pequeñas” diferencias la discrepancia expresada por el PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, hacia el informe gubernamental sobre la tortura en el País Vasco, que cuantifica en 4.113 los casos documentados entre 1960 y 2014, una cifra que incluso “se encuentra por debajo de la dimensión real de los afectados”. Erkoreka ha calificado de “legítima” la postura de los socialistas y ha asegurado que el trabajo “puede ser criticado y estar o no de acuerdo con la metodología”, si bien ha remarcado que ambas formaciones políticas coinciden en la necesidad de “reconocer” y “resarcir” a las víctimas de violencia policial en el marco de la ley de 2016 suspendida cautelarmente en su parte fundamental por el Tribunal Constitucional.
En el Consejo de Gobierno de este martes los tres miembros del PSE-EE han expuesto su punto de vista crítico sobre el informe encargado por el Ejecutivo la pasada legislatura, cuando Iñigo Urkullu gobernaba en solitario. Así lo ha reconocido el portavoz Erkoreka, que ha añadido que esa “pequeña diferencia” forma parte “de lo lógico y lo normal” en la convivencia de dos fuerzas políticas diferentes en un mismo gabinete. PNV y PSE-EE también mantienen discrepancias toleradas en cuanto a la defensa del derecho de autodeterminación. En ninguno de los dos casos estos roces ponen en peligro la continuidad de la coalición, que se extiende a las tres diputaciones forales y a las tres capitales, como también ha señalado la secretaria general en Álava, Cristina González.
Pese a todo, el nacionalista Erkoreka se ha esforzado en repetir -al menos en una decena de ocasiones tanto en euskara como en castellano- que el trabajo goza de toda la “calidad” y “rigor” exigibles para la investigación de casos de torturas siguiendo el protocolo de Estambul reconocido internacionalmente y “homologado por las Naciones Unidas”. Asimismo, ha remarcado el “prestigio innegable” de alcance “global” del director de la investigación por encargo gubernamental, Francisco Etxebarria, y de los 55 profesionales que le han acompañado. Era una intervención que traía preparada por escrito a la rueda de prensa.
A su juicio, “un Gobierno maduro” no tiene que temer “una mirada al pasado” que pueda sacar a la luz verdades dolorosas en el marco de la lucha contra ETA y que señalan no sólo a las Fuerzas de Seguridad del Estado sino a la propia Ertzaintza, cuyo principal sindicato (Erne) también se ha mostrado crítico con las conclusiones extraídas. Se trata de “violencia policial al margen de la ley” y sus víctimas merecen justicia, ha insistido Erkoreka.
En todo caso, ha explicado que las conclusiones del informe son “informativas” y no “declarativas”, es decir, que no permiten la apertura de “una investigación caso por caso”. El portavoz ha explicado que el documento será remitido a la ponencia de Convivencia y Derechos Humanos del Parlamento y será este órgano -en el que se sienta el PSE-EE pero no el PP, que también ha criticado este informe por alentar la teoría del conflicto- el que adopte las medidas oportunas. Habrán de ser los particulares afectados -ha apostillado- los que inicien 'motu proprio' una causa penal si su caso no ha prescrito.
La presentación del informe ha suscitado, asimismo, las reacciones contrapuestas de izquierda abertzale y PP. Desde EH Bildu, Julen Arzuaga se ha felicitado por el trabajo de Etxeberria y su equipo y ha criticado que el PSE-EE quiera imponer su “relato” y rehuir de datos fiables que ponen en cuestión su responsabilidad en determinadas vulneraciones de derechos humanos. Por su parte, el 'popular' Carmelo Barrio ha criticado que se ahonde en la equidistancia entre ETA y los cuerpos policiales: “No podemos tolerar que se manche el nombre de la Ertzaintza y de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
