¿Por qué en Euskadi no han empezado las rebajas?
Los consumidores vascos no pueden beneficiarse por el momento de las ansiadas rebajas. Han de esperar hasta el proximo 1 de julio, fecha en que empieza la temporada oficial, para adquirir los productos a precio más asequible. El Decreto-Ley 20/2012 del Ejecutivo central favorable a la total liberalización del sector con respecto a la regulación de los saldos y promociones fue recurrido por el Gobierno de Íñigo Urkullu. Mientras el Constitucional no se pronuncie al respecto, sigue vigente la regulación autonómica en materia de comercio, más restrictiva para algunos negocios del sector y más protectora para otros.
Entre estos últimos figuran algunas asociaciones de comerciantes contrarias a esa liberalización “tan brutal”y que aplauden el recurso del Ejecutivo vasco.“Para que haya consumo no es necesario ni tirar los precios ni convertir el sector en una jungla, que es lo que pasa ahora mismo en la comunidad de Madrid y en en la zona de Levante. Allí prácticamente ir de compras es como entrar en un mercado ambulante donde se regatean los precios. Esta fórmula desvirtúa por completo el sentido originario del comercio. Considero que se redactó de espaldas al sector, sin tener demasiado conocimiento del funcionamiento del mismo”, manifiesta Jon Laburu, de la asociación Vitoria Comercio Vivo.
Laburu habla además de acuerdo tácito del sector de no traspasar ciertos límites con el único objetivo de aumentar las ventas.“El tema de los horarios comerciales y la apertura en festivos es similar. No es conveniente ni para el sector ni para los empleados. Somos un equipo y como tal debemos de actuar. Estamos obligados a entendernos y consensuar también con la administración. No se puede jugar así con el tiempo de las personas que deben conciliar vida laboral y familiar. Es una explotación lo que estamos viendo en zonas comerciales de Madrid ”, insiste Laburu.
En la misma línea se posiciona Jon Aldeiturriaga, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. “Si se rompen las temporadas no es bueno para nadie. Además se habla de que se hace en defensa de la libertad de precios pero ya la hay, cada uno fija sus márgenes. El decreto del Gobierno central ha aprobado unas actuaciones sin tener en cuenta los matices del sector. Nosotros, con años de experiencia, hemos hablado y estudiado diferentes propuestas y estamos mayoritariamente en contra de lo aprobado por Rajoy”, explica Aldeiturriaga.
“Juguemos las mismas cartas todos”
Al otro lado se sitúan las franquicias, que se quejan de las desigualdades entre territorios. Mientras en unos rige la ley estatal en otros, como el vasco o el catalán rige la autonómica. Estas diferencias propician que, el ciudadano a de a pie ajeno a la discusión y ávido por beneficiarse de los descuentos, cruce de territorio para dar con artículos más baratos. “Tenemos la suerte de que esta fuga de gasto no es mucha porque en los territorios cercanos de alrededor las circunstancias son las mismas, todos empezamos el 1 de julio. La gente que se marcha a Madrid a comprar es poca. Aún así somos partidarios de que todos juguemos con las mismas cartas, ya sean las de la liberalización total o las de la regularización, pero que sean las mismas condiciones para todos”, apunta la gerente de el centro comercial Boulevard de Vitoria-Gasteiz, Ana López.
El Gobierno vasco recurrió en abril del 2013 ese decreto-Ley porque entiende que invade competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Mantiene discrepancias en concreto sobre el artículo 27, en el que el Gobierno español permite la liberalización de los horarios comerciales ampliando, en 18 horas semanales, la jornada laboral, situándose en un mínimo de 90 horas de apertura. El Gobierno vasco lo considera una intromisión que vulnera la capacidad de decisión sobre una competencia que es exclusiva y que hasta ahora la sitúa en las 72 horas semanales. En el artículo 28 que aprueba la total liberalización de las rebajas, promociones y ventas de saldos, también se ha recurrido porque el Gobierno vasco considera que se genera una inseguridad jurídica en el sector.
