“Existe el peligro de que la Justicia haga un buen servicio a los bancos y deje fuera a los ciudadanos”
La institución del Ararteko se siente “desbordada” ante las quejas presentadas por la ciudadanía durante 2013, que se han elevado hasta 9.610, un 15% más que el año anterior. Las reclamaciones se centran en cuestiones básicas como la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), contra entidades bancarias, tasas e impuestos locales, alquiler de vivienda protegida, becas, registro civil, contaminación acústica o transportes. Además, el Defensor del Pueblo Vasco ha mostrado su preocupación en su informe de actividad 2013 sobre la capacidad de la Justicia para ofrecer un servicio público de calidad. Según el 'ararteko' Íñigo Lamarca, “existe el peligro de que la Administración de Justicia acabe prestando un buen servicio a los bancos, las aseguradoras, el propio Estado o la comunidad autónoma, los grandes litigantes, mientras que los ciudadanos que ocasionalmente van al juzgado se encuentren con barreras económicas que les resulten disuasorias”.
Así parece que está ocurriendo en la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que se registra un descenso de las apelaciones en torno al 30%. “Ello revela”, según el Ararteko, “el efecto pernicioso de dificultar los recursos contra las decisiones de la Administración, pues disminuye la efectividad del control de su actividad por los tribunales, hasta acabar estableciendo, en la práctica, una presunción de validez a su favor”.
Por otra parte, Lamarca ha reclamado a las administraciones públicas que mejoren los procedimientos de inspección y control de los derechos de los consumidores, entre ellos los de productos financieros, antes de que se vean vulnerados. En este sentido, han aumentado las quejas por la mala gestión de los servicios gestionados por las empresas privadas. Como consecuencia de la “profunda crisis económica”, el Ararteko ha recalcado que se están evidenciando situaciones de “vulnerabilidad y desprotección derivadas de la adquisición de productos y servicios bancarios”, así como de prácticas bancarias que están provocando “efectos no controlados y de gran incidencia en la vida familiar”, que alcanza su máxima gravedad en las ejecuciones hipotecarias.
Lanbide, en el centro de las quejas
La “deficiente o sesgada” información que denuncian los afectados se pone de manifiesto, según el Ararteko, en la compra de participaciones preferentes y subordinadas, el establecimiento de cláusulas suelo, la contratación de préstamos hipotecarios referenciados a determinados índices o la firma de intereses de demora cercanos al 20%.
Con carácter general, el año pasado se redujeron las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social, de 1.004 en 2012 a 883 en 2013. De estas últimas, 860 se refieren a problemas relacionados con el mal funcionamiento de Lanbide y su gestión de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda.
A pesar de esa ligera mejoría, Lamarca ha destacado que se mantienen las reclamaciones por las denegaciones de las ayudas, ya que se hace mediante un procedimiento informático que no justifica suficientemente la decisión y porque no se da audiencia al interesado.
