Finalizada sin conclusiones la investigación al jefe de seguridad del Parlamento por uso indebido de las tarjetas de crédito institucionales
La magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado ha dado por concluida la investigación penal contra el exresponsable de seguridad del Parlamento Vasco, denunciado el pasado año por haber utilizado aparentemente las tarjetas de crédito oficiales a las que tenía acceso por su cargo para beneficio particular o de terceros. En una brevísima resolución judicial -que recuerda a las de casos anteriores- a la que ha tenido acceso este periódico, Román Gobernado no aclara qué ocurrirá con el caso a partir de ahora, ya que puede que quede archivado o que haya juicio contra un ertzaina que tenía rango de asesor. “Quedan las actuaciones en la mesa de la proveyente para su estudio y resolución”, se limita a apuntar la juez.
Fue el pasado verano cuando el Parlamento denunció al responsable de Seguridad de la institución ante la Fiscalía y procedió a su despido, como adelantó este periódico. Se sospechaba que empleaba las tarjetas de crédito adscritas a su oficina, concretamente a los vehículos oficiales, para fines ilícitos. Ese medio de pago puede ser utilizado en estaciones de servicio y otros comercios relacionados con el automóvil y había unos cargos constantes independientemente del uso real de cada uno de los tres coches de que dispone la Cámara. El elemento que hizo saltar las alarmas fue que el Audi de la presidenta, Bakartxo Tejería, seguía costando dinero a las arcas públicas a pesar de haber estado un mes parado durante la primavera de 2018 por un accidente de importancia. Algunas fuentes aludieron entonces a un negocio particular de autoescuela como posible destino del dinero.
El ministerio fiscal interpretó que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación y denunció al exjefe de Seguridad ante el juzgado. La magistrada Román Gobernado abrió diligencias en julio de 2018 y, en enero de 2019, agotado el plazo ordinario de instrucción, la juez decidió ampliar seis meses más la causa. Fue como consecuencia de las diligencias solicitadas por el letrado de la Cámara, Eneko Pagazaurtundua, que propuso una comparativa de gastos antes y después de la salida del exresponsable de Seguridad o un informe de todos los accesos de este agente a dependencias de la Ertzaintza. También se ha hecho un estudio del encendido y apagado de los equipos de trabajo y del calendario laboral del imputado, información precisa para cotejarla con las fechas de los cargos en las tarjetas. El período investigado es de 2016 a 2018 y no se conoce públicamente, por el momento, el posible quebranto económico total.
El ertzaina investigado ha contratado como abogado al conocido penalista vasco Javier Beramendi. Se trata de un letrado que ha participado en numerosos casos de corrupción como el 'caso De Miguel' o el 'caso Margüello'.
