La Fiscalía admite el error de no haber imputado a la suegra de De Miguel como beneficiaria de la trama

Ainhoa Bilbao, en primer plano, con Ochandiano, Tellería y De Miguel

El fiscal Manuel Pedreira se incorporó con el inicio del juicio al 'caso De Miguel' como apoyo a Josu Izaguirre, jefe del ministerio púbico en Álava y al frente de la acusación desde que en 2009 recibiera en su despacho a la denunciante de esta trama de corrupción, Ainhoa Alberdi. En estos meses, suya ha sido la parte más técnica del caso y, además, ha adquirido un papel capital en las negociaciones para lograr que, al menos en algunos casos, los imputados admitieran la comisión de delitos de corrupción. 

El fiscal del 'caso De Miguel' alerta de "una trama organizada con prácticas propias de Sicilia" entre cargos del PNV

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Este martes, dentro del turno de la Fiscalía para exponer sus conclusiones definitivas de este macroproceso, ha tomado la palabra Pedreira quien, armado de un Power Point, ha ido desgranando sentencias -los fiscales quieren que la Audiencia de Álava se fije en los caso Gürtel, Pretoria o Palau, conocidas operaciones anticorrupción en España- y ha ido explicando los cambios en el escrito de acusación a la luz de los acuerdos alcanzados y los hechos que no se han podido probar en el juicio. En líneas generales, hay una rebaja general tanto en las penas de cárcel solicitadas como en las cantidades económicas fijadas como responsabilidad por los delitos. 

Pedreira también ha aprovechado su alocución para hacer balance de un caso que casi ha durado una década. Respondiendo a las acusaciones de las defensas -y también de portavoces del PNV-, que han calificado de "prospectiva" y excesiva la investigación por creer que ha abarcado mucho más que el origen de la denuncia de Alberdi, el fiscal ha apuntado a justo lo contrario, a que en el banquillo hay menos personas de las que podrían estar. Según Pedreira, es necesario un "mea culpa" porque se han cometido algunos "errores" a la hora de no imputar formalmente a otras personas con relación directa en los hechos. 

En un mensaje indirecto a la defensa del principal acusado, el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, el fiscal ha indicado que una de las grandes ausencias es su suegra, Pilar Lasa, dada de alta como trabajadora de manera ficticia en la empresa central del caso, Kataia Consulting. Si por las confesiones de Josu Arruti y otros acusados ha quedado acreditado que la empresa se empleó para camuflar el pago de comisiones ilegales y parte del dinero (hasta 34.000 euros) sirvió para pagar una nómina a Lasa, se puede inferir que tuvo que recibir una "imputación por participación a título lucrativo" de la trama. La esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, era cotitular de esta sociedad con las mujeres de otros dos exdirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, y precisamente se sienta en el banquillo por el dinero de origen ilícito que extrajo de la sociedad y que se destinó, por ejemplo, a viajes a Extremadura o Benidorm, a joyas o comprar un Saab.

Ha citado también el caso de la reforma de una de las casas de De Miguel y de su esposa, la vivienda que usaban para veraneo en Gorliz (Bizkaia). En el banquillo sólo está el empresario que costeó esas obras (Prudencio Hierro) pero no el que las ejecutó y que realizó unas facturas falsas para poder cobrar no de los beneficiarios del trabajo sino de un tercero. Igualmente, ha señalado que otros acusados como Iñaki San Juan o la hermana del político y contable de Kataia Consulting, Aintzane de Miguel, deberían acumular más cargos de los que finalmente les llevaron a juicio por haber tenido una participación más activa en la facturación de cantidades ilícitas. 

"No era el momento en las conclusiones de traer nuevos partícipes. No podíamos solicitar nuevas responsabilidades. En todo el procedimiento ha habido ausencias, pero ello no quita para valorar la responsabilidades de los actores que sí están", ha añadido Pedreira. 

En la misma línea, agentes de la Ertzaintza a los que las defensas -singularmente la de De Miguel- acusaron de manipular pruebas y de incautar otras sin autorización judicial ya advirtieron de que precisamente por ceñirse al mandato de quien dirigió la investigación, el juez instructor Roberto Ramos, dejaron en los registros otro material que, en vista de cómo ha evolucionado el caso, sí podía haber resultado útil. "Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación", declaró un policía.

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