Franco y Garoña murieron en la cama
Aunque pueda parecer chocante, el final del dictador y el posible cierre definitivo de la central nuclear de Garoña tienen cierta similitud. El primero murió en la cama, como gusta recordar a todos aquellos que consideran inaudito que la dictadura franquista sobreviviera a la caída del fascismo y de nazismo tras la contienda mundial y fuera sostenida por el nuevo orden internacional que impuso la guerra fría. Ni los movimientos antifranquistas, ni los terroristas dieron la puntilla al dictador. ¿Y qué pasa con la central nuclear de Santa María de Garoña? ¿Acaso han sido las enseñanzas del accidente de Fukushima en Japón las que han dado al traste con la central más vieja de España? ¿Son las pruebas de estrés iniciadas en la Unión Europea tras el gravísimo accidente en Japón las que han aconsejado el cierre? ¿Tal vez los argumentos del movimiento ecologista que lleva décadas luchando por el cierre de esta central han movido a Nuclenor, su propietaria, a dar su brazo a torcer?
Son “razones económicas” y no otras relacionadas con su seguridad o con la apuesta por otro tipo de energías más sostenibles medioambientalmente las que parece que van a sellar definitivamente el reactor. Lo ha dicho el ministro de Industria, José Manuel Soria, esta misma semana en sede parlamentaria. “Se esta analizando la situación con los aspectos relacionados con la regulación de su cese de explotación definitivo ya que se produce por razones distintas a la seguridad nuclear, sino que se basa única y exclusivamente en razones económicas”, ha asegurado Soria. El mismo ministro que en los últimos meses ha jugado con el lenguaje para decir una cosa -el Gobierno tiene como “escenario central” el mantenimiento de la central- y después admitir que “en el momento actual” conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivos, con anterioridad al 6 de julio, el “ministerio deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo” de Garoña.
Situada en el valle burgalés de Tobalina, la central nuclear de Garoña es la central más antigua y pequeña (450 Kw) de España. La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada en julio de 2009 por el entonces presidente del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil. Mariano Rajoy asegura que se ha visto forzado a incumplir buena parte de su programa electoral por el bien de España. Pero indultar a Garoña fue una de sus promesas electorales. Y la cumplió.
Claro que mientras hay vida hay esperanza. Eso debió pensar también el caudillo en su lecho de muerte. Y eso puede estar pensando Nuclenor o, para ser más exactos, las eléctricas Iberdrola y Endesa, que en su día reclamaron 950 millones de euros por el lucro cesante de Garoña. Ahora sus dos propietarias al 50% insisten en que no es rentable y que Garoña llegó a perder 133 millones en 2012. Si las declaraciones de esta semana del ministro Soria suenan a definitivas y el próximo 6 de julio Garoña echa el cierre para siempre, ¿para qué se “presionó” de manera “inaceptable”, en palabras de la Cristina Narbona, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que emitiera un fallo favorable a prorrogar la vida de la central?
El problema es económico. Las dos eléctricas han reiterado que las nuevas tasas sobre los residuos radiactivos y el combustible gastado hacen inviable económicamente Garoña. En diciembre de 2012, Nuclenor desacopló a la central nuclear de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento. Los 280 trabajadores de la plantilla directa de Garoña siguen trabajando. Nuclenor se negó entonces a solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Y si esto es así, ¿por qué el pasado 16 de mayo, Nuclenor solicitó al Ministerio de Industria la modificación del real decreto que ordenaba su cierre el 6 de julio para poder evaluar la prórroga de su vida útil? El objetivo era ganar tiempo -un año más- aunque sin producir electricidad.
Todo este puzzle negociador entre el Gobierno y las eléctricas puso patas arribas el trabajo que para entonces estaba ya muy avanzado de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que llevaban casi un año preparando el cierre de la central nuclear, algo que como todo el mundo sabe no se improvisa de un día para otro. De hecho, el procedimiento de declaración del cese definitivo ya había sido redactado por los técnicos del CSN y entregado a los cinco consejeros. Por eso a la ministra de Medio Ambiente con Zapatero, Cristina Narbona, y una de las cinco consejeras del citado órgano regulador, clamó contra las presiones, el uso “inaceptable” del CSN en el marco de una negociación entre el Gobierno y las empresas energéticas y el juego oscuro bajo la mesa. La prórroga salio adelante por 3 votos contra 2 el pasado 24 de mayo después de cuatro reuniones en una semana: los de los dos consejeros elegidos por el PP, y el de CIU, frente a los dos socialistas.
Narbona ponía el dedo en la llaga en su voto particular al señalar que ni Industria ni Nuclenor (Iberdrola y Endesa) “justifican con precisión la finalidad concreta” de la solicitud de prorrogar la vida de la central un año más, “entendiendo que no se solicita para cumplir con el objetivo de la central nuclear, es decir, producir energía eléctrica de manera segura” ya que dicha prórroga se pide para mantenerla en parada. Y denunciaba “la instrumentalización” del CSN para “alcanzar objetivos que son consecuencia de una negociación en curso entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y diferentes empresas del sector eléctrico. Este uso de la central, denunciaba Narbona, ”ha obligado a someter al cuerpo técnico del CSN a una presión inaceptable, llegando a celebrarse cuatro reuniones del pleno en una semana, para analizar numerosos informes técnicos y jurídicos requeridos con una urgencia“.
La opinión pública vasca, su Ejecutivo, incluso un verso libre en materia nuclear en el PP como el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, lo tienen claro. La reciente encuesta del Gabinete de Prospección sociológica del Gobierno revelaba que el 62% de los encuestados está a favor de su cierre y solo un 20% preferiría que siguiese funcionando. Ante el agotamiento de los combustibles fósiles, los encuestados parecen cada vez más concienciados de la necesidad de alcanzar una economía sostenible: el 60% es favorable a buscar otras fuentes de energía alternativas para mantener nuestro consumo y modo de vida actual, y el 32% considera que hay que abordar el problema de raíz y cambiar nuestro modo de vida y reducir el consumo.
Para embrollarlo todo un poco más, un día después de las declaraciones del ministro Soria, Nuclenor insistió en que hay una “oportunidad pero no garantía” de que la planta siga abierta más allá del 6 de julio próximo. Franco descansa de sus fechorías de 40 años de dictadura en el Valle de los Caídos bajo una lápida de tonelada y media. La central nuclear de Garoña parece tener su días contados. El último capítulo puede estar a punto de escribirse. Pero la tinta del bolígrafo del ministro José Manuel Soria no ha escrito aun la última palabra en este tema.
