La localidad vizcaína de Güeñes quiere respirar
-¿Ama, a nosotros nos contamina?
-A todos...
-¡Pero yo ahora no veo el polvo!
-Es que no nos damos cuenta, pero sigue.
Una madre, acompañada de su hija, se acercó el jueves por la noche al cine de Zalla, como otros muchos vecinos de esta localidad y de la vecina Güeñes. En la muga entre ambos municipios genera electricidad quemando virutas de madera la empresa Glefaran y en la comarca una plataforma que se identifica con camisetas rojas se ha alzado en armas contra la contaminación del aire y a favor del “derecho a la salud”. Tras años de pelea en la calle han abierto una doble vía en los tribunales, tanto en lo contencioso-administrativo como por lo penal. “Glefaran ha contaminado como ninguna otra empresa en Euskadi. Ahora hay un medidor y los datos están dando bien. Pero, ¿qué pasará cuando lo quiten?”, lanzó al aire el portavoz de Güeñes Bizia, Gorka Llantada.
Según el abogado Javier Fernández, Glefaran opera en este rincón de Bizkaia “en fraude de ley”. La compañía maderera, que apenas da empleo a una veintena de personas y no es imprescindible para el suministro eléctrico general, heredó las instalaciones de la quebrada papelera Pastguren, que tenía un planta de cogeneración que ahora Glefaran ha reconvertido en actividad principal. El letrado expone que, siendo dos negocios diferentes, Glefaran se ha erigido en “sucesora” de Pastguren y se ha subrogado todas sus licencias, tanto de actividad como ambientales. “En el registro oficial la única licencia la tiene Pastguren Generación. Esto es ilegal”, clama el abogado de Güeñes Bizia.
Ése es el fundamento de un contencioso-administrativo que busca la nulidad de todos los permisos. Sin embargo, la plataforma ciudadana ha ido un paso más allá y ha llevado el caso a la vía penal, al juzgado de Balmaseda que también investiga el fraude en la planta de purines del Valle de Carranza. “Podría haber prevaricación”, plantea Fernández sobre la actuación del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de Güeñes, regido por Imanol Zuluaga, del PNV.
En Güeñes nadie olvida los días en que Glefaran inició su actividad y el pueblo “se llenó de cenizas, de mierda”. “En enero de 2016 empieza todo: día tras día teníamos el pueblo negro”, rememora Llantada, que asegura que en España no hay ninguna planta de estas características y menos tan cerca de viviendas. El propio alcalde reconoce aquel problema. “La gente estaba preocupada y con razón”, apunta.
Güeñes Bizia se queja de que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco les dijera que aquella ceniza era “molesta pero no tóxica”. “¡Es cancerígeno!”, clama Llantada, que asegura que los niveles de particulas suspendidas en el aire estuvo meses y meses disparado. Además, Glefaran también produce contaminación acústica. “Me he gastado una pasta en cambiar las ventanas de casa y he estado todo el verano sin poder abrirlas por el ruido”, explica una vecina de Arangoiti.
Todas las partes coinciden en que el problema ha mejorado. Del “elefante en cacharrería” que llegó a la comarca para producir electricidad se ha pasado a una actividad más controlada y que, en los últimos meses, no ha hecho pitar el medidor instalado por Medio Ambiente en la chimenea. Pero para Güeñes Bizia hay que buscar soluciones definitivas, no sólo parches. Alertan también de suelos contaminados y posibles vertidos al río. “Hay que saber si la fábrica contamina o no. Punto”, zanja Llantada, que reclama más implicación a las instituciones, también al alcalde Zuluaga, que aspira a la reelección en las elecciones de mayo.
En conversación con este periódico, Zuluaga indica que el Ayuntamiento ha atendido las principales reivindicaciones vecinales. “Se ha contratado una asistencia técnica que nos ayudará a saber si la autorización ambiental está ajustada a la ley y hemos puesto un medidor de calidad de aire que analiza lo que nos piden, también los benzoalfapirenos”, manifiesta el regidor, que espera presentar a la población algunos datos certeros de contaminación “en diciembre”.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, cuestionó en el Parlamento recientemente que la autorización de Glefaran fuese irregular y aseguró que no será anulada a preguntas del parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra. El papel de la Administración, por lo tanto, es el de “garantizar que su actividad se realiza en todo momento conforme a las condiciones fijadas y con garantías plenas para la salud de la población y del entorno natural”. En este sentido, Arriola aludió a decenas de controles en los últimos meses y a que la situación ha ido a mejor: “En junio una media mensual de 18 microgramos por metro cúbico de aire cuando el límite es 75; en julio 15 microgramos; en agosto 23; en septiembre 17 microgramos”. Güeñes Bizia, en cambio, reclama que el listón no pase de 30.
