Se reactiva la reforma de las ayudas sociales vascas, que incluye las huellas dactilares para acceder a ellas

Los grupos parlamentarios del PNV y el PSE vuelven a la carga con la reforma de la Ley vasca para la Garantía de Ingresos y la Inclusión, que da amparo a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la ayuda social más cuantiosa y mejor diseñada que existe en España. Después de un año en el cajón del 'olvido' por falta de consenso, los grupos que sustentan al Ejecutivo de Vitoria reactivan esta propuesta para su toma en consideración por parte del Parlamento. El debate se producirá el jueves y de prosperar, que es lo más probable, la tramitación de una de las propuestas estrella del Gobierno esta legislatura será ardua y compleja. ¿Por qué? Pues porque el Ejecutivo está en minoría y su reforma no gusta ni al bloque de izquierdas (Podemos y EH Bildu), ni al PP, que quiere aumentar el control sobre las ayudas.

Sin embargo, será el PP el que facilite la tramitación en un primer momento aunque no comparte gran parte del contenido de la propuesta. Su intención es aprovechar la fase de enmiendas para colocar sus iniciativa.

En una disposición adicional, la proposición de ley prevé que Lanbide utilice sistemas como la huella digital para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y los beneficiarios de sus prestaciones. La polémica medida se anunció en su día como un avance para combatir el fraude al identificar mejor a los perceptores

El 28 de junio del año pasado, PNV y PSE retiraron la propuesta antes de debatirse porque no habían conseguido ningún apoyo en la oposición durante la negociación preparatoria, la que decidía sobre la admisión a trámite de la proposición.

Cambios en las cuantías

Prácticamente, PNV y PSE plantean una nueva RGI, con cambios en las cuantías, más apoyo a las familias y sólo un perceptor por vivienda (salvo excepciones). La prestación quedaría definitivamente desvinculada del SMI para su actualización, pero tampoco se indexaría al IPC. Las cuantías serían mejores que las actuales, pero peores que las previstas en la ley de 2008.

Una de las novedades es la creación de una Renta Garantizada para Pensionistas (RGP) que aseguraría unos recursos mínimos a quienes cobran las pensiones más bajas, que tendría una cuantía máxima de 784,88 euros para un solo miembro en una unidad convivencial.

Según la proposición, la cuantía máxima de la RGI para un solo miembro de una unidad convivencial sería de 659,75 euros, cantidad que se iría incrementando en función de las personas a cargo del titular de la prestación, como menores, otros adultos, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, entre otros.

Para poder acceder a ambas prestaciones, la de los pensionistas y la de garantía de ingresos, se deberán cumplir unos requisitos como tener al menos 23 años, estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo, y demostrar una actividad laboral remunerada durante al menos cinco años.