El Gobierno renuncia a reclamar medidas cautelares a petición del sector naval
El Gobierno central ha renunciado de forma definitiva a solicitar medias cautelares al Tribunal Europeo de Justicia en relación con el litigio que le enfrenta con la Comisión Europea por la devolución de ayudas del sector naval.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión realizada por el Gobierno español en este asunto, que se ha resuelto por ahora con la decisión de la CE de obligar a España a que se devuelvan las ayudas consideradas ilegales recibidas entre 2007 y 2011.
Ya la semana pasada todas las partes implicadas (el propio Gobierno central, las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco y Asturias, los representantes de los astilleros a través de Pymar, y los responsables de los sindicatos UGT y CCOO) decidieron de forma unánime recurrir la resolución tomada el pasado 17 de julio por el Colegio de Comisarios, a propuesta del español Joaquín Almunia. Quedó, no obstante, en el aire la posibilidad de pedir la suspensión cautelar de la decisión mientras se presenta el recurso.
Una semana después, el Gobierno ha renunciado definitivamente a reclamar medidas cautelares, por recomendación del propio sector. Como reconoció ayer en su comparecencia José Manuel Soria, ha optado por atender la petición de los astilleros, que le habían trasladado que pedir medidas cautelares podría “frenar a los inversores y sería peor el remedio que la enfermedad”. Además de esas razones, el ministro añadió que no existen precedentes de que el Tribunal Europeo de Justicia haya admitido ninguna solicitud así en algún caso similar.
En la comparecencia a petición propia, Soria detalló las gestiones realizadas por su ministerio, y por otras instancias del Gobierno, y relató también los “sólidos” argumentos jurídicos que se han defendido desde la posición española, y que se seguirán manteniendo en el recurso que se presentará en breve: la confianza legítima y la seguridad jurídica.
Soria explicó varios casos que llevan a pensar al Gobierno que la Comisión Europea hizo “concebir esperanzas a los bancos, inversores, armadores y astilleros en numerosas ocasiones” de que el sistema español de financiación, conocido como ‘tax lease’, era legal y seguro.
También resaltó el dato de que desde 2002, año en que se puso en marcha el sistema español, hasta 2011, cuando se inició la investigación por parte de Competencia, la CE “permaneció inactiva”. “La Comisión tuvo una actitud dubitativa y vacilante durante diez años”, señaló Soria. Eso hizo que el sector confiara en la solidez del ‘tax lease’.
Los grupos políticos expresaron su respaldo unánime al recurso que presentará el Gobierno, aunque con matices en la interpretación sobre cómo ha ido el proceso. El partido socialista, en palabras de José Blanco, reclamó una “estrategia común” para apoyar en el futuro al sector naval, y recalcó que la decisión de la CE “pone en la cuerda floja a todo el sector europeo”, en beneficio de los países asiáticos.
Mañana jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores estudiá el recurso contra la decisión comunitaria, lo que se considera un paso previo a la presentación definitiva ante el Tribunal Europeo de Justicia. En cualquier caso, tiene de plazo hasta el 28 de septiembre.
Como siguiente paso más allá del terreno jurídico, ahora queda saber la cuantía final de la devolución que tendrán que efectuar los inversores, una vez que han quedado exentos tantos los armadores como los astilleros. El cálculo debe hacerlo el Ministerio de Hacienda.