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La jueza del 'caso Grupo Noticias' se lo quiere quitar de encima

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, y la consejera de Educación, Cristina Uriarte.

Beatriz Eva Román Gobernado, la jueza que investiga desde el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria el pago por parte del Gobierno vasco a diferentes medios del Grupo Noticias por noticias que realmente eran publicidad encubierta, quiere quitarse el caso de encima. En un auto notificado el pasado 26 de noviembre, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas, la magistrada alavesa ha pedido inhibirse con el argumento de que cuando se firmó el primero de los contratos investigados el juzgado que estaba de guardia era una diferente al suyo. En concreto, el que debería investigar los posibles delitos sería el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.

La jueza indaga la posible malversación de 46.000 euros por la compra de informaciones

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La jueza apunta en el auto por el que acuerda su inhibición de la causa en favor de ese juzgado, que al chequear los expedientes administrativos de los contratos remitidos por los diferentes Departamentos afectados en la investigación ha comprobado que el primero de ellos -el que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Ejecutivo de Urkullu- se realizó el 25 de noviembre de 2013, "fecha en la que se encontraba de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, a quien deben inhibirse las presentes diligencias", apunta en el auto al que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

La resolución judicial, técnicamente, invoca para quitarse de en medio la investigación "lo establecido en las normas de reparto" que regulan qué juzgado debe hacerse cargo de las denuncias que llegan a los juzgados. La jueza se ha inhibido y está a la espera de que el juzgado afectado acepte o no la inhibición.

Hasta ahora, la jueza de Vitoria que admitió en agosto a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones a medios del Grupo Noticias afines al Gobierno vasco -Deia, Diario de Noticia de Álava y Gipuzkoa, Onda Vasca- estaba indagando sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investigaba también "la posible comisión" de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Estos medios afines al Ejecutivo peneuvista se han beneficiado de una buena parte de la tarta publicitaria pública desde que el PNV recuperó Ajuria Enea.

Para ello remitió en su dia oficios a los Departamentos de Educación (Cristina Uriarte), Salud (Jon Darpón) y a la Lehendakaritza para que remitieran las copias de las resoluciones de las informaciones pagadas, los contratos y las facturas relativas a los supuestos casos citados en la denuncia. En concreto la del 25 de noviembre de 2013 se refiere a la contratación por parte de Educación con Eusko Media SL de una emisión por parte de Onda Vasca de una mesa redonda sobre la LOMCE.

Desvío de fondos públicos

UPyD ha defendido en su denuncia que en los casos denunciados "se podrían haber venido desviando fondos o caudales públicos a diversos medios de comunicación si motivo o causa alguna que justificara tal disposición patrimonial y al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido. El grupo de Gorka Maneiro argumenta que el PNV ha pagado a distintos medios del Grupo Noticias por "publicar reportajes, noticias y entrevistas a pesar de que tales tipos de publicaciones son por definición gratuitas, pues pertenecen a la propia esencia informativa" y en concreto las informaciones investigadas "ni si quiera tienen un especial interés social o general para la ciudadanía, pues se referían a hechos noticiosos que ya habrían sido publicados en el resto de medios sin recibir dinero público", recuerda en el citado auto la hasta ahora jueza del caso. "Tales disposiciones patrimoniales se habrían realizadoo intentado dotarlas de apariencia de legalidad (haciéndolas pasar por publicidad institucional), pero ocultando en todo momento que los contratos adjudicados con los distintos medios que iban a materializarse en anuncios, no tenían por objeto dar cumplimiento a campaña alguna de publicidad institucional, sino noticias y entrevistas", recuerda en el auto la jueza.

Fuentes de la Audiencia alavesa creen que aunque el argumento es impecable desde el punto de vista jurídico, cuestionan la decisión de inhibición, transcurridos además cuatro meses desde que se inició la causa judicia. "Puede ser que al constatar esa fecha inicial se haya acogido a las normas de reparto de las causas en el juzgado, pero es claro que hay más contratos para investigar. Sería entendible si el supuesto delito investigado por ejemplo fuera un asesinato que se ha producido en una fecha determinada. En ese caso, sería del todo entendible", señalan las mismas fuentes.

Fuentes jurídicas, sin embargo, recuerdan el alto voltaje "político" de una causa que ha generado preocupación en el Gobierno y malestar en el lehendakari a partes iguales. La decisión judicial llega justo cuando UPyD tiene previsto ampliar la denuncia con siete nuevos casos. Además, esta formación política -que ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera en la Cámara y en los juzgados, sospecha que podría haber además otros 13 programas patrocinados o publicitarios pagados por valor de 72.607 euros pero asegura que no puede comprobar si se incumplió la ley porque el Gobierno, de momento, ha eludido entregarle las pruebas reclamadas.

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