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Los ingresos de los demandantes de vivienda protegida en alquiler apenas rozan los 12.000 euros

Miembros de la Plataforma IRPH Stop Gipuzkoa se concentran ante la Audiencia Provincial.

Eduardo Azumendi

12.000 euros. Esa es la media de ingresos que pueden presentar a Gobierno vasco los demandantes de una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler. Se trata de una cifra notablemente inferior a los niveles previos a la recesión (tanto en términos nominales como brutos) y que prácticamente les coloca al borde de la exclusión residencial. Así lo ha constatado Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda, que fue creado por el Gobierno vasco a mediados de 1997 y que actualmente está vinculado al Departamento de Vivienda del Ejecutivo de Vitoria. De esas listas de Etxebide salen los futuros inquilinos del parque protegido de vivienda en alquiler  en venta.

Esos 12.000 euros suponen un tercio de la renta media de las familias vascas, que perdió cerca de 12 puntos de su poder adquisitivo entre 2009 y 2016. El proceso de reactivación económica iniciado a partir de 2014 ha supuesto una ligera recuperación de este poder adquisitivo, de forma que la renta media en 2016 supera de nuevo el nivel de 42.000 euros de media. Con lo que estos valores se sitúan muy por encima de la media de ingresos de las personas y familias que configuran la demanda de vivienda protegida inscrita en Etxebide, apunta el Observatorio Vasco de Vivienda.

A  pesar de mejorar las tasas de desempleo, el empleo generado para amplios colectivos y grupos de población presenta niveles salariales reducidos, jornadas parciales y una excesiva precariedad. Esta situación se refleja en el perfil de los demandantes de Etxebide.  

En la comunidad autónoma, la vivienda libre en Euskadi no está al alcance de la juventud menor de 35 años. Teniendo en cuenta el sueldo medio de la juventud asalariada y el precio de las viviendas, una persona joven debería dedicar más de la mitad de su salario al pago de la hipoteca y casi el 70% en el caso del alquiler si quisiera emanciparse en solitario. Por lo tanto, la vivienda protegida en alquiler se presenta como la única opción viable para los jóvenes.

En los últimos años, en Etxebide ha crecido la demanda de alquiler (que ya supone ocho de cada diez solicitudes) y, dentro de la misma, de las familias que ya se encuentran emancipadas en alquiler libre (7 de cada 10 inscritas en Etxebide) y tienen dificultades por el creciente precio de este mercado. 

Justo lo contrario de lo que ha pasado con los precios del mercado de la vivienda libre en alquiler, que ha mostrado un crecimiento de la renta media en los últimos años, haciendo muy complejas tanto la emancipación de la población joven como la sostenibilidad de las familias que residen en esas viviendas.

Mejoría en los demandante de compra

En cambio, el nivel de ingresos de las familias y personas que demandan vivienda protegida en compra ha experimentado una evolución positiva y alcanza en 2018 una media de 23.234 euros por solicitud, el doble que el nivel de ingresos de la demanda de alquiler. 

En todo caso, el precio medio de la vivienda protegida en venta ofertada y el elevado precio de la vivienda usada (especialmente en las capitales y áreas metropolitanas) dificultan también el acceso a un piso de estas familias a un coste sostenible.

“Esta gran demanda social está adquiriendo una mayor relevancia formal asociada al derecho subjetivo reconocido en el marco de la Ley 3/2015 de 18 de junio de Vivienda para las solicitudes con un menor nivel de ingreso”, según el Observatorio de Vivienda.

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