La ruptura del Pacto PSE-PNV en Irun, ¿la excepción que confirma la regla?

PNV y PSE-EE formalizaron en la primavera de 2015, tras las elecciones municipales y forales, un puñado de acuerdos de coalición que recuperaban el espíritu de la década de 1990. Desde entonces, nacionalistas y socialistas gobiernan conjuntamente en las tres Diputaciones, en las tres capitales y en varios municipios de menor tamaño. A finales de 2016, además, el pacto se extendió al Gobierno de Iñigo Urkullu, que dio entrada a tres consejeros propuestos por el partido de Idoia Mendia. Este miércoles, sin embargo, el idilio se ha roto en Irun (60.000 habitantes) después de la cuerda se hubiese tensado en las últimas jornadas. En la segunda localidad de Gipuzkoa, una de las pocas donde es el PNV el socio menor de la entente, el alcalde socialista José Antonio Santano ha expulsado de su equipo al líder 'jeltzale' Xabier Iridoy. Fuentes de las Ejecutivas vascas de ambos partidos circunscriben el episodio al ámbito local e incluso algunas voces lo achacan a cuestiones “personales”. “Es la excepción que confirma la regla de normalidad en el funcionamiento de los acuerdos”, abunda un portavoz del PNV.

En realidad, la crisis en Irun -vinculada a un proyecto de Korrokoitz impulsado por Iridoy desde el área de Urbanismo y también a un supuesto exceso del peneuvista con la portavoz del PP- deja el marcador particular de las coaliciones como estaba en 2015, ya que en este tiempo la gran novedad había sido la ampliación del pacto a Vitoria. En la capital vasca, donde el regidor, Gorka Urtaran, apenas fue el tercero más votado en las urnas, el PNV obtuvo la Alcaldía en 2015 merced a los apoyos de EH Bildu, Podemos e IU-Equo. El PSE-EE se bajó a última hora de la pinza contra Javier Maroto (PP) como 'castigo' a lo sucedido en Andoain (Gipuzkoa). Allí uno de los ediles del PNV no secundó a su partido y privó del sillón de mando a la candidata socialista, Maider Laínez, como habían acordado ambas formaciones. El entonces fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, llegó a abrir una investigación ante un posible 'tamayazo' en versión vasca, expediente que pronto quedó archivado.

Irun es un “tema local e incluso personal”, puntualiza un dirigente del PSE-EE guipuzcoano a este periódico. “Tenemos tranquilidad absoluta”, responde preguntado por un posible efecto en otros ámbitos institucionales. Los socialistas, de hecho, recuerdan que ya gobiernan en solitario en Eibar y Lasarte-Oria, por citar dos municipios guipuzcoanos donde el PNV ejerce la oposición. En el lado contrario, en Barakaldo los nacionalistas tienen en los socialistas uno de sus más firmes opositores. El PSE-EE no da tregua a Amaia del Campo, que acabó con una larga hegemonía en la segunda localidad en población de Bizkaia. En el PNV apuntan también que no es un tema que afecte a las relaciones generales entre los dos partidos y destacan la salud de los acuerdos. De hecho, la crisis en Irun no motivará ninguna reunión de seguimiento del acuerdo.

PNV y PSE-EE no sólo tienen recogido por escrito en cada ámbito institucional los puntos en común de sus programas políticos, sino también en qué asuntos pueden discrepar. A nivel general, es el derecho a decidir y el grado de reconocimiento de Euskadi como nación donde ambas formaciones defienden abiertamente posturas diferencias, como se ha apreciado en la respuesta al 'procès' catalán. Esto quedará patente en la ponencia que en el Parlamento Vasco discute una actualización del autogobierno vasco y en la que los partidos fijarán sus posiciones en documentos que han de entregar de cara a la siguiente reunión de este foro, prevista para el 7 de febrero, aunque inicialmente se había comunicado el 31 de enero como fecha límite para el registro de estas propuestas.

En este sentido, en el Parlamento vasco apenas ha habido tensiones entre nacionalistas y socialistas. Como excepciones se pueden apuntar las las críticas del PSE-EE por el 'caso Margüello', por el que serán juzgados en marzo excargos de Sanidad del PNV acusados de beneficiar con contratos irregulares a empresas del doctor José Carlos Margüello, o una votación para anular las condenas judiciales de la dictadura en la que los socialistas no acataron el dictamen del Gobierno de rechazar esa proposición de ley por falta de competencias.