Izagirre muestra su “total desacuerdo” con la invalidación del concurso de Anoeta
Tras la anulación por parte del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del concurso para la remodelación del Estadio de Anoeta, el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre ha mostrado su “total descuerdo” ante esta resolución. De hecho, considera que “no se ha hecho nada mal” y se ha mostrado sorprendido, porque a su juicio “este proceso si se caracteriza por algo, es por haber buscado prácticamente la perfección”. La principal causa que alega el OARC en su resolución para la anulación, es que los pliegos del concurso conceden una “ventaja ilegítima” a la Real Sociedad, respecto a otros posibles licitantes.
El Ayuntamiento sacó a concurso público la remodelación y gestión de Anoeta, pero la única entidad que había elaborado previamente un proyecto para acometer las obras era la Real Sociedad. Este proyecto contaba con el apoyo de todos los grupos municipales e implicaba la eliminación de las pistas de atletismo y la ampliación del aforo hasta los 42.000 espectadores. Sin embargo, los pliegos han sido recurridos por la empresa madrileña Óptima Sport Media y por el abogado Fernando Goñi, quienes solicitaban la anulación de siete cláusulas. Así, consideraban que las clausulas recurridas se incluyeron en el concurso para asegurarse de que el Club donostiarra fuera la única entidad que se presentara a la licitación.
Desde el Ayuntamiento consideran que “se han ido dando todos los pasos de forma adecuada”, en lo relativo a “seguir todos los consejos” de los servicios jurídicos. Pero asegura que paralelamente han ido viendo cosas que no les parecen “normales”, como el hecho de que el OARC les solicitase documentación “por propia iniciativa, sin que hubiera ninguna denuncia detrás”. En este sentido, Izagirre considera que no es “ni entendible, ni habitual”, que el Tribunal actúe de oficio. Además, esta resolución les genera “dudas”, porque proviene de un órgano dependiente del Gobierno vasco, institución la cual ha estado “al corriente en todo momento de los que se estaba haciendo”. El alcalde ha apuntado que a partir de ahora tendrán que “analizar bien cuál es el camino a seguir” porque “ni el ayuntamiento, ni el gobierno renuncian a este proyecto”.
Derechos del inquilino
Una de las cláusulas que se han recurrido es la que establece que el adjudicatario debe respetar el convenio suscrito en 1993 entre la sociedad municipal Anoeta Kiroldegia y la Real Sociedad. En el mismo el Club se asegura el derecho a utilizar las instalaciones para los partidos del su equipo hasta el año 2033 como contrapartida a los 3 millones de euros que aportó para la construcción el estadio. La OARC apunta que esta cláusula “atribuye a la Real una cualificada ventaja respecto a cualquier otra empresa potencialmente interesada en la adjudicación del contrato”.
Sin embargo, Izagirre responde que este era un concurso “abierto, que aseguraba la concurrencia”, pero estaban obligados legalmente a “velar por los derechos del inquilino actual”. Por su parte, el OARC opina que Anoeta Kiroldegia podría haber optado por tramitar un contrato de obras y después otro de explotación, en vez de vincular ambos de manera que “se incluye en la ecuación del negocio una explotación que ya está casi totalmente atribuida” a la Real Sociedad. El alcalde insiste en que en su día, todos los grupos políticos consensuaron que la fórmula iba a ser un concurso que “quien se presente asumirá las obras, a cambio se le dará una concesión y se le cobrará un canon”.
El primer edil ha querido terminar diciendo que Donostia “no puede ni debe salir perjudicada” porque tiene la sensación de que “en diversas cuestiones no se nos está tratando bien a los donostiarras”. Así, ha reiterado que tienen un objetivo claro que es hacer esta actuación y esperan que “se haga cuanto antes y en los plazos que están previstos”.
