Juicio contra el 'alcalde' de Aretxabaleta señalado por desviar 545.000 euros de las arcas del concejo
La Audiencia de Álava acogerá este miércoles a las 9.15 horas el esperado juicio contra Miguel Acedo (Valencia de las Torres, Badajoz, 1969), el que fuera 'alcalde' sin adscripción política hasta 2014 de la pequeña junta administrativa de Aretxabaleta, un concejo del término municipal de Vitoria de apenas 300 habitantes. Acedo se enfrente a seis años de cárcel por haber vivido durante una década del dinero que sacaba con dos tarjetas de crédito de la cuenta corriente de esta pequeña Administración. La Fiscalía estima que se apropió indebidamente de exactamente 545.454,74 euros, como adelantó eldiarionorte.es en octubre.
Aretxabaleta, durante los 18 años de mandato de Acedo, nunca entregó información sobre las cuentas de la junta administrativa a la Diputación, competente de la tutela financiera de los concejos y otras entidades locales. Pero poco importó que desde el Gobierno foral se cortara el grifo de las subvenciones anuales por este motivo, ya que el pueblo había hecho fortuna con una operación urbanística en 2004, la cual reportó alrededor de 1,5 millones de euros. Es parte de ese dinero el que aparentemente saqueó Acedo para su beneficio, como ha constatado ya el Tribunal de Cuentas del Estado y ha denunciado también el actual equipo que gestiona el concejo. “La intención nuestra es recuperar todo ese capital”, explican desde la actual junta administrativa de Aretxabaleta sobre su papel en el juicio, en el que comparecerán como testigos.
El aludido ya rechazó de plano las acusaciones sobre su persona en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas. Rebajó el desvió de fondos a una “poco estricta llevanza de las cuentas”. Aunque él públicamente no ha dado la cara, su entorno familiar y de amistades ha creado incluso una plataforma llamada 'Todos con Miguel' que defiende esta versión de los hechos.
“El dinero que se reclama, que falta por justificar, se ha gastado en actividades para el pueblo. No ha sido robado por nuestro alcalde ni destinado a beneficio propio. Ni está en Suiza”, leyeron los portavoces de esta agrupación en una rueda de prensa celebrada en octubre entre vítores y aplausos al exregidor imputado. En concreto, enumeraron numerosas actividades desarrolladas en Aretxabaleta entre 2004 -el año de la operación urbanística- y 2014: un ‘show’ de Mary Carmen y sus muñecos, una visita de los Hermanos Calatrava, una actuación del cómico Manolito Royo, espectáculos de variedades, pirotecnia, una “cena de gala”, clases de flamenco o excursiones por España y Europa, incluyendo un viaje a Eurodisney, en París.
El pecado, arguyen tanto el acusado como su entorno, es no haber registrado correctamente esos gastos. Eso y que las pruebas de estas actividades habrían quedado destruidas en un incendio que se produjo en locales de la junta administrativa. El asunto del fuego ya fue esgrimido ante el Tribunal de Cuentas, pero, como remarcó este organismo en su sentencia, se produjo en 2008 y el desfalco se prolongó desde 2004 hasta 2014. El accidente pudo destruir pruebas de cuatro ejercicios, pero lo cierto es que Acedo continuó valiéndose de las dos tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta de Aretxabaleta seis años más.
En la actual junta administrativa tienen claro que las actividades que enumera Acedo en su defensa se realizaron y que se pagaron con cargo a la cuenta municipal. Pero insisten en que se pudieron abonar con la diferencia entre los 0,5 millones aparentemente desviados para lucro personal y los 1,5 ingresados por la venta de parcelas. Lo uno no quita a lo otro, remarcan. Y denuncian que la plataforma 'Todos con Miguel' no tiene “ninguna prueba” que acredite su versión.
La vista judicial, en principio, se celebrará en un solo día. La Fiscalía, además de la pena de prisión, reclama que Acedo restituya los 545.454,74 euros de los que se benefició y que sea inhabilitado para el ejercicio del sufragio pasivo. Entiende que el imputado, “con ánimo de favorecerse un beneficio económico de carácter ilícito a costa de atentar contra el patrimonio del consejo que presidía”, dispuso “en su favor o en el de terceros” de “importantes cantidades de dinero provenientes de la venta de la parcela” en 2004.
El responsable del ministerio público en Álava, Josu Izaguirre, llegó a mostrar su preocupación por la falta de control de las juntas administrativas de los concejos de Álava, ya que el de Aretxabaleta no es el único caso judicializado sea en el Tribunal de Cuentas o en la justicia ordinaria. “Las juntas administrativas, entidades locales menores que, dada la distribución poblacional de Araba, tienen gran importancia en su entramado institucional, son fuente de muchas denuncias por irregularidades en la gestión. La experiencia adquirida en la tramitación de las causas incoadas, ya reflejada en anteriores memorias, pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal que establezca mayores mecanismos de control contable y presupuestario de su actividad”, indicó Izaguirre en su memoria de actividades publicada en 2016.
