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Juntas de Bizkaia piden a los ayuntamientos que apliquen la normativa foral sobre la instalación de badenes

Juntas de Bizkaia piden a los ayuntamientos que apliquen la normativa foral sobre la instalación de badenes

EUROPA PRESS

BILBAO —

Los grupos junteros de las Juntas Generales de Bizkaia han coincidido este viernes, en la Comisión de Obras Públicas y Transporte del parlamento vizcaíno, en pedir a los ayuntamientos que apliquen la normativa foral sobre la instalación de badenes.

Según han informado las Juntas, la instalación de badenes y bandas sonoras en Bizkaia está regulado en la red foral de carreteras del Territorio por el Decreto Foral 88/2010, de 22 de junio. Esta norma, que no es de obligado cumplimiento para los tramos urbanos dependientes de los ayuntamientos, es tenida en cuenta por los municipios a la hora de instalar en sus calles estos elementos de reducción de velocidad.

Pese a que los grupos junteros no se han puesto de acuerdo sobre si se cumplen o no estas recomendaciones en todos ellos, la Cámara vizcaína se ha mostrado unánime a la hora de pedir que los ayuntamientos regulen este aspecto o, en su caso, adapten como propia la normativa de otras administraciones, algo que también ha sugerido la diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, recogiendo las recomendaciones que ha realizado al respecto el Ararteko.

La responsable foral ha acudido esta mañana a la comisión de Obras Públicas y Transporte del parlamento vizcaíno, a petición del PP, a explicar los “condicionantes” que deben darse para colocar los Reductores de Velocidad y las Bandas Transversales de Alerta (BTA) en la red foral de carreteras, según la normativa del Territorio, y para detallar los permisos y pasos que deben cumplirse para su instalación, cuya finalidad última es “garantizar la seguridad del tráfico y el entorno”, ha dicho.

En lo que concierne a los badenes o reductores de velocidad, éstos no pueden colocarse en la red “Preferente” o “Básica”, y en los primeros 50 metros de una carretera urbana, así como en tramos de habitual presencia de vehículos de emergencia o presencia habitual de ciclistas, entre otros puntos. Como norma general, únicamente pueden instalarse en tramos donde la velocidad sea reducida, y donde haya presencia de peatones y existencia de aceras.

Con respecto a los BTA, se deben colocar en aquellos lugares donde se quiera advertir al conductor que se aproxima a un lugar donde debe disminuir la velocidad o aumentar su estado de alerta, normalmente fuera de zonas habitadas “debido al ruido molesto” que se produce al paso de los vehículos.

Garamendi ha recordado que estas normas son de aplicación en la red foral de carreteras y no en los viales municipales, aunque ha dicho ser consciente de su utilización como manual de referencia por parte de los municipios que carecen de regulación.

En respuesta al PP, la diputada ha confirmado que la instalación de estos elementos de seguridad vial debe ir acompañada del correspondiente “estudio de idoneidad”, que debe ser elaborado bien por el departamento que dirige o por el Ayuntamiento que quiera instalar en su municipio un elemento que sirve para calmar o reducir la velocidad en las vías urbanas.

PP y PSE creen que esta norma “se incumple” en muchos ayuntamientos. “Igual habría que modificar la norma foral” ha recomendado el popular Jesús Isasi. Hay que “darle una vuelta” al asunto ya que los ayuntamientos los colocan “como quieren” y la “mayoría de las veces” no cumplen con la normativa foral, ha añadido el socialista Joaquín Colmenero.

EH Bildu ha recordado también que la norma no es de obligado cumplimiento y, pese a eso, Aitor Torre piensa que no se producen incumplimientos. En cualquier caso, a su juicio, este asunto “merece más atención”, ya que los badenes “afectan a la salud laboral de taxistas y conductores de autobús”, y las bandas sonoras son un “peligro” para los ciclistas.

PLANTA DE HORMIGÓN EN LA GEREDIAGA-ELORRIO

Por otro lado, Garamendi ha confirmado que la instalación de la planta de hormigón existente en el límite de los municipios de Abadiño y Atxondo para construir la Gerediaga-Elorrio, está recogida tanto en el proyecto constructivo de esta carretera como en la Declaración de Impacto Ambiental de esta obra, algo que había negado previamente el apoderado de EH Bildu, Aitor Torre, quien ha afirmado que la planta que abastece de hormigón a esta obra es “ilegal por carecer de licencia de actividad” del ayuntamiento de Abadiño.

La diputada ha asegurado que su departamento no está cometiendo “ninguna ilegalidad”. “Corresponde al ayuntamiento de Abadiño establecer si es necesaria o no la licencia municipal”, ha dicho, y según ha confirmado después la jeltzale Nerea Ahedo, el municipio no ha movido ficha. “El propio ayuntamiento debe decidir si se necesita. La Diputación ha considerado que no es necesaria al ser un elemento auxiliar”, ha dicho Ahedo.

Garamendi ha reprochado a Torre que genere continuamente “dudas” sobre esta carretera que se ha convertido en un “clásico” en las Juntas Generales, ya que EH Bildu no cree en la necesidad y utilidad de este vial, algo que ha negado el apoderado de la coalición abertzale. “Me resulta curioso que sobre una mentira o el desconocimiento de la realidad se genere esta solicitud de comparecencia que le sirva a usted para volver a insinuar cualquier circunstancia negativa sobre la Gerediaga-Elorrio”, ha reprochado la diputada.

DILATACIÓN DE LOS PAGOS A TRANSPORTISTAS DE ÁRIDOS

Por otra parte, el PSE-EE solicitaba la presencia de la diputada en la comisión para denunciar la dilatación de los plazos de pago a transportistas de áridos por parte de empresas adjudicatarias de obra pública y preguntar a la Diputación si se podía hacer algo al respecto.

Según el socialista Isaac Fernández, existen empresas que están alargando estos plazos “como media hasta los 210 días y hay casos de hasta 350 días”, cuando la Ley de Morosidad 15/2010 “intenta reducir” estos plazos “a no más de 60 días” en el caso de operaciones entre empresas.

La diputada ha dicho ser “consciente” de la importancia del cumplimiento de los plazos de cobro de los trabajos y, por ello, en los pliegos que rigen los contratos de obra pública foral se establecen específicamente las obligaciones que tiene el contratista para garantizar el cobro “dentro de los plazos legalmente establecidos”, y fija las medidas a adoptar si se produce algún incumplimiento.

Garamendi ha recordado que si se produjera un impago y el subcontratista lo comunica a Interbiak, esta organismo tiene capacidad para “retener” la cantidad reclamada hasta que se resuelva la reclamación.

“Queda patente que tenemos una actitud proactiva porque se resuelvan las reclamaciones en tiempo y en forma”, pese a reconocer que la Diputación está “atada”, si no se produce previamente una denuncia que informe al ente foral de que se está cometiendo una ilegalidad.

El socialista Isaac Fernández ha dicho ser “conocedor” de estas prácticas a través de las asociaciones de transportistas, y que las mismas están ocurriendo “una y otra vez”, si bien los autónomos tienen temor a denunciar los hechos “porque con eso consiguen que no les vuelvan a contratar”.

Jesus Isasi (PP) ha pedido que se denuncien estas prácticas en los tribunales y Aitor Torre (Bildu) ha reclamado mayor vigilancia a las empresas adjudicatarias de obra pública, pese a reconocer que la Diputación “está atada de pies y manos”, si no hay denuncias.

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