El juzgado amplía la investigación al exjefe de Seguridad del Parlamento Vasco
La juez de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado ha ampliado en seis meses la investigación de las irregularidades económicas presuntamente cometidas por el que fuera jefe de Seguridad del Parlamento Vasco, acusado de haber utilizado las tarjetas de crédito oficiales a las que tenía acceso por su cargo para beneficio particular o de terceros. La magistrada ha dictado un auto en el que solicita a la Cámara los presupuestos del sucesor de la oficina de Seguridad a partir del momento del despido del ertzaina investigado con el ánimo de confirmar que, como sostienen algunas fuentes parlamentarias, el volumen de gastos ha caído de manera reseñable.
Fue el pasado verano cuando el Parlamento denunció al responsable de Seguridad de la institución ante la Fiscalía y procedió a su despido, como adelantó este periódico. Se sospechaba que empleaba las tarjetas de crédito adscritas a su oficina, concretamente a los vehículos oficiales, para fines ilícitos. Ese medio de pago puede ser utilizado en estaciones de servicio y otros comercios relacionados con el automóvil y había unos cargos constantes independientemente del uso real de cada uno de los tres coches de que dispone la Cámara. El elemento que hizo saltar las alarmas fue que el Audi de la presidenta, Bakartxo Tejería, seguía costando dinero a pesar de haber estado un mes parado durante la pasada primavera por un accidente de importancia. Algunas fuentes aluden a un negocio particular de autoescuela como posible destino del dinero.
El ministerio fiscal interpretó que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación y denunció al exjefe de Seguridad ante el juzgado. La magistrada Román Gobernado abrió diligencias en julio y este pasado mes de enero acababa el plazo ordinario de instrucción fijado por la nueva normativa procesal. En una providencia emitida unos días antes de la fecha límite, la juez planteó a las partes la posibilidad de ampliar la investigación.
Según la documentación judicial, ni la Fiscalía ni la defensa del ertzaina -ejercida por el conocido penalista Javier Beramendi, que ha intervenido en el 'caso De Miguel' o en el 'caso Margüello'- plantearon nada. Pero sí el Parlamento. El letrado Eneko Pagazaurtundua entregó un escrito proponiendo nuevas diligencias y, 'motu proprio', la magistrada planteó ampliar hasta julio el tiempo para investigar los hechos. “Se considera necesario el establecimiento de un plazo mayor de instrucción que asegure la práctica de todas las diligencias”, entiende Román Gobernado, que señala el 17 de julio como nueva fecha.
Además de la comparativa de gastos antes y después de la salida del exresponsable de Seguridad, el Parlamento también ha planteado reclamar a la Ertzaintza un informe de todos los accesos de este agente a dependencias policiales. La juez reclama a la propia Cámara, asimismo, un estudio del encendido y apagado de los equipos de trabajo y un calendario laboral del imputado, información precisa para cotejarla con las fechas de los cargos en las tarjetas. El período investigado es de 2016 a 2018 y en la documentación judicial, por el momento, no se calcula todavía el posible quebranto económico total.
