El juzgado inicia la investigación de las irregularidades en el Parlamento y llama a dos testigos
El juzgado de Vitoria encargado de la investigación de las presuntas irregularidades en la gestión de las tarjetas de crédito asociadas a los coches oficiales por parte del que fuera responsable de seguridad del Parlamento Vasco, un ertzaina que ejercía de asesor de la presidenta, Bakartxo Tejeria (PNV), ha iniciado la práctica de diligencias y ha citado a declarar como testigos a dos trabajadores de la Cámara, concretamente a dos chóferes. Asimismo, ha reclamado a la institución documentación sobre la gestión del parque móvil en los últimos años.
Este policía, que llevaba una década en el cargo, fue destituido el pasado mes de junio después de una revisión de facturas realizada por la Mesa del Parlamento, su órgano de Gobierno, como adelantó este periódico. La vicepresidenta del Parlamento, Eva Blanco (EH Bildu), ya advirtió desde 2017 de los extractos de las cuatro tarjetas de crédito en las que estaba autorizado este ertzaina. En principio, todas ellas están limitadas básicamente para su uso en estaciones de servicio y similares y tres de las tarjetas están directamente vinculadas a los tres vehículos que componen el parque móvil de la institución, el Audi de la presidenta y dos berlinas más disponibles para el resto de miembros de la Mesa. Se da la circunstancia de que sólo uno de ellos utiliza regularmente este medio de transporte pero, según fuentes parlamentarias, el nivel de gastos de ambos coches era similar al de la presidenta aunque siempre se queda uno de los dos en el garaje.
El detonante, sin embargo, fueron los gastos asociados al Audi de Tejeria. Concretamente, se detectaron movimientos anómalos en la cuenta de un vehículo que había estado parado durante casi un mes tras un accidente. La vinculación del ahora acusado con un negocio particular relacionado con automóviles -era profesor de autoescuela- alimentó las sospechas del desvío de fondos.
El Parlamento elevó el caso a la Fiscalía de Álava, que apreció indicios de tres delitos: falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa, según 'Gara'. El caso está ahora en manos de un juzgado de instrucción, que ya ha iniciado la investigación. El Parlamento está personado en calidad de perjudicado para tratar de recuperar los fondos públicos. Asimismo, a nivel interno continúa el análisis de otros contratos y facturas gestionados por el exresponsable de seguridad. En los próximos meses se podrá determinar si el nivel de gasto de su departamento se ha reducido tras su salida.
