Kaleratzeak Stop Araba responde en el juzgado por coacciones hacia Alokabide
La lucha que enfrenta a la plataforma Kaleratzeak Stop Araba con Alokabide, la sociedad pública de alquiler del Gobierno vasco, se ha trasladado a los juzgados. Los servicios jurídicos del organismo público han interpuesto una denuncia por supuestas coacciones contra tres integrantes del colectivo antidesahucios.
Un informe de incidencias recoge que un miembro de la plataforma amenazó al responsable de la sede de la sociedad pública diciendo “esta vez ha sido suave, la próxima ya veremos”. Estas palabras motivaron la denuncia presentada por los Alokabide. Según recoge el documento firmado por el vigilante de seguridad de la sede el incidente se produjo el pasado 12 de junio cuando una veintena de miembros de Kaleratzeak Stop se personaron en la sede vitoriana de Alokabide para entregar más de 500 firmas. Exigían el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril en el Parlamento Vasco en torno a la gestión del alquiler social. La responsable de la oficina permitió finalmente entrar a tres miembros de la plataforma para entregar las firmas. Al parecer después se produjo un intercambio de palabras que motivó la denuncia posterior. La persona que iba al frente del grupo le comentó a la responsable: Esta vez ha sido suave, la próxima ya veremos“. El vigilante interpretó es frase como una amenaza y lo resgitró así en su informe.
Desde Kaleratzeak Stop Araba entienden que el juicio responde únicamente a un doble objetivo: acallar al colectivo y criminalizar a los movimientos sociales. “No nos van a amedrentar con estas acusaciones que son falsas y absurdas. Hablan de coacciones. ¿Es es una coacción, es una amenaza? No, es es una tontería. Entre la libertad de expresión y la falta del delito de amenzas hay un abismo. Y este jucio es un despilfarro de recursos públicos. Es vergonzoso que lleven a la justicia a tratar jucios de faltas cuando no tratan ni la corrupción, ni el faude fiscal ,ni todo lo que conlleva. Esto es fruto de la ley mordaza en Euskadi, es el reflejo de la soberbia del poder. Al PNV y al PP no les gusta que critiquemos sus políticas antisociales y quieren reprimir a los movimientos sociales”, lamenta Arturto Valls, uno de los integrantes del colectivo denunciado por Alokabide.
La plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios denunció por su parte a la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco Covagonda Solaguren por prevaricación y abuso de autoridad. Aseguran que las resoluciones de rechazo de revisión de rentas que envían a los inquilinos desde esta entidad pública no están firmadas por el órgano competente y los escritos no incorporan las motivaciones de la decisión. Dicen además que es una práctica habitual. De momento desconocen si las denuncia ha sido admitida a trámite.
