LAB apunta a un delito de “asociación ilícita” del consejero Darpón y de Múgica al ser conocedores de las irregularidades en las oposiciones

Más de un año después de las últimas declaraciones, la instructora de Vitoria Ana Jesús Zulueta ha reabierto el sumario de las filtraciones en las oposiciones médicas convocadas en 2018 por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Este martes comparecen como imputados otros dos autores de exámenes, los de Neurocirugía (José Antonio Elexpuru) y Neurofisiología (Eduvigis Álvarez), en los que los colegas de los investigados obtuvieron las mejores notas, como en otras muchas categorías. Son ya cinco los investigados en total, ya que de antes lo estaban José Luis Cabriada (Digestivo), María Reyes Vega (Angiología) y César Augusto Valero (Anestesia). En las puertas del Palacio de Justicia, los dos sindicatos personados como acusación, LAB y ESK, han mostrado su deseo de no dejar morir esta causa ya que consideran que las irregularidades son algo sistémico en la Sanidad vasca y amparado por el Gobierno.

LAB, en este sentido, apunta al consejero Jon Darpón -Darpón dimitió en marzo de 2019 por este asunto y le relevó Nekane Murga- y a otros altos cargos de Osakidetza, como María Jesús Múgica (dimitida directora general), Juan Carlos Soto (exresponsable de Recursos Humanos en 2018), Xabier Balerdi (ex 'número dos' de Soto) y Andoni Arcelay (director de Asistencia Sanitaria y el único todavía en el cargo). El sindicato desea que Zulueta procese a estas cinco personas por “asociación ilícita”. “Amparados en su condición de altos cargos de la Administración y responsables, por lo tanto, de dirigir la OPE, idearon, diseñaron y pusieron en práctica una estrategia eficaz para garantizar la existencia y mantenimiento de una red clientelar”, sostiene la central. La “asociación ilícita”, penada con cárcel, fue, por ejemplo, uno de los delitos por los que fueron condenados los integrantes de la trama corrupta del 'caso De Miguel'.

LAB argumenta que el consejero Darpón era conocedor de unas prácticas existentes desde la década de 1980. Explica que ello motivó que se externalizara al IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) la confección de al menos una de las pruebas de la oposición (65% de la nota), pero incide en que al no disponer el IVAP de especialistas médicos en las diferentes categorías fue la propia Osakidetza la que “facilitó” la lista con los autores reales de los exámenes. El sindicato, en su escrito a la instructora, señala que el Departamento de Salud quiso dar “apariencia de transparencia” pero manteniendo el “control total”. El papel “obstruccionista” fue más allá de la “comprensible defensa de su propia gestión”, incide LAB, que ha registrado también otra treintena de diligencias testificales y documentales.

En cuando a ESK, fue este sindicato el que planteó la investigación de las pruebas de Neurocirugía -con unos datos adelantados por este periódico en 2018- y Neurofisiología. Su portavoz, Patxi Nicolau, ha incidido en que antes de acudir al juzgado expusieron sus sospechas al equipo de Murga sin que hicieran nada. Según ha denunciado, “adjudicaron las plazas” a pesar de las posibles irregularidades y “mostraron su connivencia”. Son “cómplices necesarios”, ha valorado Nicolau sobre los responsables de Salud y de Osakideza. ESK ha dicho que secundará a LAB en su denuncia por “asociación ilícita”. Forman parte del sindicato los tres anestesistas del hospital de Mondragón, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez, que salieron a la palestra a denunciar lo ocurrido.