LAB exige a diputaciones forales que garanticen los cuidados en sector de residencias y eviten su “mercantilización”

La concentración forma parte de la campaña que el sindicato inició en noviembre de 2019, con el lema “8 meses, 8 razones”, para mostrar su oposición al decreto de residencias de la tercera edad del Gobierno Vasco.

Dentro de esta iniciativa, el sindicato lleva a cabo movilizaciones mensuales, cada una de ellas centrada en una razón para oponerse al decreto.

Este mes de marzo, la protesta se ha centrado en el aspecto de la titularidad pública, para destacar “la irresponsabilidad de las instituciones titulares del servicio, en el caso de Bizkaia, la Diputación vizcaína, a la que acusa de falta de compromiso para garantizar el servicio”.

En ese sentido, la responsable del departamento Sociocomunitario de LAB, Henar Fidalgo, ha afirmado durante la concentración que las diputaciones forales “únicamente” se limitan a ostentar la titularidad, cuando deberían “asumir la responsabilidad suficiente para evitar que se mercantilicen los cuidados, haya una garantía real para dar un servicio adecuado y el sector no se convierta en un campo de competencia de empresas privadas”.

Igualmente, ha exigido “poner límites a la precarización de los empleos en materia de cuidados” y “la única manera responsable de actuar son unos servicios públicos universales y gratuitos”.

Fidalgo se ha referido al propio decreto del Gobierno Vasco, que, desde su punto de vista, “sume al sector en la absoluta precariedad, lo que se traduce en falta de salud de las propias trabajadoras, que cae en picado”, y que “menos personal implica un mayor ratio, lo que incide en la calidad del servicio y en el derecho de los residentes”.

La responsable sindical ha criticado el decreto de residencias en el sentido de que “ni tiene explicación ni garantiza una cobertura sino únicamente, la precarización del sector”.

En este punto ha reclamado que, en defensa de la titularidad pública de los cuidados, hay que exigir a quienes pueden cambiar las cosas, que lo hagan y la Diputación tiene la capacidad de hacer unos pliegos de concertación garantistas, donde introduzca los ratios suficientes necesarios para garantizar un buen y adecuado servicio, y no lo está haciendo“.

La campaña de LAB contra el decreto ha denunciado, entre otras motivaciones, “la vulneración de la salud laboral de las trabajadoras” y que las patronales y los titulares del servicio, “convierten en negocio a las trabajadoras y los propios cuidados”.