La (in)capacidad legislativa del Gobierno de Urkullu

Les pasa a todos los Gobiernos, no es patrimonio del que ahora gobierna en Euskadi. Diseñan alegremente un calendario legislativo en los inicios de la legislatura y, según avanzan los plazos, son conscientes de que se van pillando las manos porque incumplen sus propias previsiones.

Cualquiera que ha estado en un Gobierno o conoce la mecánica de la producción legislativa sabe que sacar adelante una ley en el País Vasco lleva como mínimo seis meses, aunque tramitarla y elevarla al Consejo de Gobierno puede suponer incluso todo un año, en función de la complejidad de la misma.

Junto a la elaboración en sí del texto normativo –muchas veces se contratan los servicios de consultoras externas con dinero público para que elaboren un primer borrador-, los textos legales tienen que llevar los preceptivos informes internos, entre otros, los de la Oficina de Control Económico, los informes de legalidad y hasta el informe de la COJUA, la Comisión Juridíca Asesora de Euskadi, encargada de visar que la norma no choque con la legalidad. Además, también corren los plazos de exposición pública y el periodo para presentar alegaciones. Pero todo esto ya lo conocen los Gobiernos cuando plantan en un papel su calendario legislativo.

El Gabinete de Urkullu aprobó, más tarde de lo habitual y tras comprometerse en las sesiones parlamentarias del 2 y el 8 de mayo de 2013, tras afearle la oposición el retraso- su programa legislativo. En ese programa, el Ejecutivo se había comprometido en unos plazos determinados a elaborar 29 proyectos de ley, algunos de gran calado como la Ley Municipal Vasca –Euskadi es la única autonomía que 35 años después carece de esa norma- el Tercer Sector o la nueva Ley de Policía vasca, por citar algunos.

Ya lo ha adaptado dos veces. La última actualización se produjo en el Consejo de Gobierno del pasado 27 de enero. De hecho, conocedor de los plazos, avisó al aprobarlo que ese documento era un “texto vivo” y dotado de “gran dinamismo”, de manera que “a lo largo de la legislatura podrá irse actualizando, adaptando y perfeccionando en la medida que las necesidades sociales los exijan por circunstancias sobrevenidas”.

¿Es el acuerdo suscrito entre el PSE y el PNV, con la bendición de Urkullu en septiembre de 2013 una circunstancia sobrevenida? Es cierto que ahí se incluyen nuevos compromisos legislativos, algunos de los cuáles ya se han incumplido. Por ejemplo, el de llevar la reforma de la LTH. La líder de los socialistas vascos, Idoia Idoia, ya ha anunciado que llevará a la Cámara una proposición de ley para reformar la Ley de Territorios Históricos (LTH) ante la “desidia” del Ejecutivo en este asunto.

Ley del Tercer Sector, la última aprobada

El Gobierno, en su última notificación al PSE-EE su socio preferente parlamentario el pasado 3 de febrero, el PSE, admite que de los 29 proyectos de ley comprometidos solo ha aprobado 10 –el último ese mismo día ya que antes de abandonar el cargo, el ya exconsejero Juan Mari Aburto aprobó la ley del Tercer Sector de Euskadi-.

Urkullu señala además que en otros seis casos el Gobierno ni ha empezado con la tramitación administrativa. En total, hasta esa fecha los diferentes departamentos han iniciado la tramitación parlamentaria de 23 leyes.

Para los socialistas, es evidente que este gabinete no pasará a la historia por su producción legislativa a mitad de mandato. “No ha habido ningún Gobierno tan pobre”, señalan fuentes socialistas en la Cámara. Y relatan las leyes que faltan: la de Fundaciones, la de ordenación de servicios jurídicos del Gobierno.

En algunas, además, el Ejecutivo ha cometido errores de bulto. Por ejemplo, en la Ley de Empleo Público vasco, que al intentar cumplir el plazo se “olvidaron de negociar con las centrales, y el borrador lo devolvieron al cajón en septiembre”, recuerdan los socialistas. El Ejecutivo no ha respondido siquiera al casi millar de alegaciones presentadas, y toda la oposición, a iniciativa nuestra, le hemos exigido un calendario de negociación. Los socialistas preguntan por otras leyes pendientes: la ley de actividad comercial, la de protección de animales, la ley de Cooperativas, la ley de aportaciones, la ley de Servicios de Extinción.