'Lobos' y 'corderos' en el galimatías de las aportaciones subordinadas de Eroski
Este lunes la justicia vasca va a dictar una de las sentencias más polémicas de los últimos años. Miles de ahorradores, hasta 40.000 que adquirieron aportaciones financieras subordinadas -las mal llamadas 'preferentes vascas'- estarán pendientes de la lectura que está prevista para las 11:30 horas del 27 de enero.
En la causa que se juzga contra Eroski y varias entidades financieras por la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas hay, en teoría, dos partes bien diferenciadas. De un lado los 71 posibles damnificados a los que el tribunal ha unido como parte única, y de otro la cooperativa y las entidades financieras que comercializaron el producto. Si se tratase de un guión de Hollywood, las cartas estarían sobre la mesa y tendríamos ya definidos el papel de los buenos y de los malos. Pero en este caso, en parte por culpa de la simplificación de los hechos que hemos seguido los propios medios de comunicación, hay muchos matices.
Es evidente, y así lo reafirman hasta ahora todas las sentencias individuales que se han dictado, que muchas de las personas a las que los bancos y cajas colocaron estos productos no estaban capacitados para entender qué compraban. Es llamativo el caso de una mujer de 80 años a la que el banco Santander le entregó un documento de cientos de páginas redactado en un lenguaje para expertos el mismo día en el que la anciana firmó el contrato. Un documento de difícil comprensión para cualquier ciudadano que sirvió para que la mujer 'invirtiese' un premio que había obtenido en la lotería sin saber exactamente qué hacia ya que, como señala la propia sentencia que condenó a la entidad, la contratante “apenas sabía leer y escribir”. Como este casó hay varios. Así queda demostrado por el éxito de todas las sentencias individuales presentadas y en las que hasta ocho jueces distintos han condenado a las entidades por no haber informado de una manera adecuada.
Pero detrás de esas personas que ha quedado demostrado que fueron estafadas hay otras que, aprovechando la pancarta, se han colocado a rueda de la reivindicación justa para salvar sus errores inversores. ¿Cuántos afectados hay de esos? ¿Qué porcentaje de los 40.000 ahorradores eran en realidad inversores acostumbrados a estos productos y conocedores de lo que hacían? Es casi imposible saberlo sin ir caso a caso estudiando el perfil individual y viendo la trayectoria de cada uno de los inversores. Algo que la justicia no puede asumir con la celeridad que requiere el asunto, serían 40.000 expedientes, y que las demandas colectivas tampoco ayudan por unificar causas que, a priori podrían ser similares, pero que no tiene por qué ser así.
Por ejemplo, en la vista de la semana pasada se analizaban 71 casos unificados en una única causa, con la organización de defensa de los consumidores Adicae como representante. Antes de llegar al juicio tres de los demandantes pactaron su solución con las entidades financieras. Y de entre los 68 restantes, al menos ha quedado demostrado que tres de ellos podrían haber aprovechado la presión social contra la mala práctica de algunas entidades para intentar recuperar inversiones que hicieron hace unos años siendo totalmente conocedores de sus riesgos. Es decir, en la manifestación de 'corderos', parece que se han colado algunos pocos 'lobos' que podrían desvirtuar una causa a priori justa.
Según ha podido saber eldiarionorte.es, entre los inversores hay personas de entré 35 y 50 años, con estudios superiores y un amplio historial de inversión en el mercado de valores, tanto en forma de particiones como de preferentes e, incluso, en emisiones anteriores de aportaciones subordinadas. Así, entre los afectados está el caso del matrimonio conformado por el señor R. y la señora V., quienes además de la compra de aportaciones subordinadas eran titulares de acciones de BBVA, Vocento, Ferrovial... Y así hasta 11 empresas más. Además, habían realizado dos adquisiciones de aportaciones financieras subordinadas más en el mercado secundario. Los señores A. y P., eran titulares de preferentes de Repsol y habían suscrito hasta en seis ocasiones subordinadas financieras. El señor G., por su parte, había comprado subordinadas en emisiones anteriores. Lógicamente, se trata de casos individuales de personas que por su trayectoria parece que sabían perfectamente los riesgos de sus acciones y que ahora, al calor de la justa reivindicación social, quieren recuperar su 'apuesta'. Lo dice el refrán, una golondrina no hace verano, pero en ningún sentido, ni en el de los inversores ni en el de las entidades. Aunque la corriente social invite a criminalizar a unos y santificar a otros. Es injusto creer que todos los afectados sabían lo que hacían, así lo demuestran las sentencias que ha habido hasta ahora; pero también lo es señalar la mala práctica de las entidades en todos y cada uno de los casos. Ahora, la justicia tiene que dilucidar cómo soluciona este galimatías en el que hay buenos y malos, y también tiburones que pretenden pescar en aguas revueltas. Un papel complicado al haberse unificado las causas sin seguir un criterio razonable.
En el lado de los 'malos', hemos colocado a las entidades financieras y la propia cooperativa. Pero Eroski, propietaria del producto, ha sido salvada del entuerto por parte de la Fiscalía, que entiende que el problema no estaba en el productos en sí, sino en el contrato de venta que de él hicieron los bancos y cajas. Pero entre estos, tampoco parece que se pueda hacer tabla rasa, ya que cada entidad, cada oficina y que cada cliente han sido casos individuales. Guiados, desde luego, por una política comercial en cada una de las entidades, pero con clientes y situaciones diferentes. Algunas ciertamente usureras, como los casos en los que se coloco este producto a personas mayores o sin conocimientos para comprender qué compraban. Pero entre 40.000 personas hay de todo.
El futuro de los inversores
El futuro de los inversoresEn cualquier caso, las cosas se hicieron mal, como demuestra el hecho de que haya acabado en los juzgados. Pero, además de proteger a los consumidores y a quienes hayan actuado con profesionalidad en todo este farragoso asunto, el camino que queda es saber qué futuro espera a las personas afectadas. En el caso de las entidades, defender su labor siempre y cuando sea defendible. De momento, han perdido todas las acciones individuales. Pero, como se ha visto en esta última demanda colectiva, parece que hay casos de personas que sí sabían lo que hacían.
El caso de los inversores es más complicado por ser tantas personas y cada una con sus circunstancias individuales. Aquí, y llegados hasta este punto, parece que se les abren tres caminos. Por un lado, no hacer nada y esperar acontecimientos; por otro, seguir la vía judicial y esperar obtener la razón y recuperar, o no, su inversión; y por último, aceptar la oferta de recompra que han hecho las entidades y recibir 3.000 euros ahora y el montante restante cada año con sus correspondientes intereses hasta doce anualidades. Una elección individual que cada cual debe valorar.
