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Las muertes por amianto en Euskadi van a más: 29 en lo que va de año

Afectados por el amianto protestan en las escaleras del Palacio de Justicia de San Sebastián.

Eduardo Azumendi

“¿Cuántos trabajadores retirados han muerto sin saber que su enfermedad se debió a la exposición al amianto que sufrieron durante su etapa laboral?”. Esta es la pregunta que se hace Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras Euskadi al conocer el reciente fallecimiento de Francisco Javier Pérez Hernández, un trabajador que estuvo expuesto al amianto en los años 70 y que constituye la víctima número 29 por esta causa en Euskadi en lo que va de año.

Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amianto fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en España.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70 %) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de “extrema gravedad” (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año).

“En lo que va de año”, explica Ríos, “ya llevamos 29 muertes relacionadas con la exposición al amianto,. pero es solo la punta del iceberg. Una gran parte de los afectados fallecen sin relacionar su enfermedad con el amianto”.

La 'otra' batalla

Francisco Javier Pérez Hernández, el último trabajador fallecido, estaba afectado por un mesotelioma pleural. En el año 2017 se le había reconocido la incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional debido a esta exposición al amianto. Ahora, Comisiones Obreras tramita reclamaciones de daños y perjuicios y de recargo de prestaciones para la compensación del daño causado por el fallecimiento del trabajador.

Según Ríos, los afectados por el amianto padecen una doble condena. Por una parte, la derivada de su enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto. “Las víctimas del amianto y sus familiares se pasan una media de ocho años en los tribunales para que les reconozcan la enfermedad profesional. Es una batalla contra el tiempo”.

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