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Muskiz no retirará los carteles contra un edil tras el informe de Trabajo

Borja Liano (PNV), alcalde de Muskiz.

Alberto Uriona

Bilbao —

El alcalde de Muskiz, Borja Liaño (PNV), no retirará los carteles intimidatorios contra un concejal y la agrupación que representa, Muskiz Bai, tras recibir un informe de la Inspección de Trabajo de Bizkaia que lo rechaza por ser “incumplimiento empresarial” la retirada de información “colocada en el tablón de anuncios por las representaciones legales o sindicales”.

Pero la Inspección de Trabajo aporta en su informe una sentencia del Tribunal Constitucional en la que avala que en el tablón sindical pueda haber una respuesta del ayuntamiento o del concejal insultado para defenderse. No sería, dice, una “conducta vulneradora del derecho de libertad sindical”.

El edil Javier García ha presentado una denuncia contra un delegado sindical del ayuntamiento vizcaíno por amenazas, injurias y coacciones a su actividad municipal. La demanda, presentada el pasado 12 de febrero ante un juzgado de Barakaldo, se refiere a carteles intimidatorios que se mantienen desde hace más de cinco meses en el tablón sindical del consistorio contra el edil Javier García y otros miembros de la agrupación. En ellos se incluyen fotos de todos ellos con chinchetas y expresiones como “yihadista, espía o borracho”. El imputado, el delegado sindical de ELA Alberto Vallés, ha argumentado que se trata “de un conflicto laboral creado por Muskiz Bai. Yo en el tablón sindical no he puesto nada”. Y ha agregado que “entra dentro de la libertad de expresión”.

En la demanda se incluyen las protestas de los empleados municipales que en dos plenos hicieron un pasillo al edil antes de su entrada a la sesión, con cánticos de Cara al Sol y pitadas.

El edil Javier García pidió el pasado 17 de febrero al alcalde de Muskiz, Borja Liaño (PNV), que ordenara la retirada de los carteles. Liaño lo trasladó a los sindicatos del ayuntamiento pero sin obtener respuesta. Ante ello, el regidor hizo una consulta, fechada el 5 de marzo, ante la Inspección de Trabajo para cerciorarse si la retirada vulnera o no la libertad de expresión.

La jefa de Inspección de Bizkaia, Begoña Lasa, en un escrito del 21 de marzo, señala que su organismo “en principio no procederá a realizar actuación complementaria”, en alusión a exigir la retirada de los carteles. Agrega que, en cualquier caso, se trata de un “conflicto de colisión de derechos”, lo que “excede del ámbito competencia de la Inspección de Trabajo”.

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