Las ONG de desarrollo suspenden la estrategia gubernamental Basque country de internacionalización
- “La declaración del lehendakari de 2016 sobre la coherencia de políticas públicas para el desarrollo se queda en mera retórica”, afirma la Coordinadora de ONGD y los responsables de la investigación
La estrategia de internacionalización Basque country -uno de los buques insignia del Ejecutivo del lehendakari, Íñigo Urkullu, en su política de situar de manera óptima a las empresas vascas en el mundo globalizado- ha cosechado un sonoro suspenso por parte de las ONG de cooperación al desarrollo. Un informe encargado por la Coordinadora de ONGD al Observatorio de Multinacionales en América Latina concluye que, frente a la “retórica” empleada por el lehendakari en su declaración de 2016 sobre la coherencia de políticas para el desarrollo en el País Vasco, en la práctica esa política deja fuera elementos clave como los derechos humanos o criterios laborales o ecológicos.
“El único interés es la maximización de beneficios de las empresas, no colaborar a un desarrollo sostenible”, han denunciado los responsables de la investigación Gonzalo Fernández y Gorka Martija, portavoces del Observatorio de Multinacionales de América Latina (Paz con Dignidad-OMAL). La política de internacionalización empresarial, base de la marca Basque country, prima variables excluvivamente técnicas y empresariales y se “rige por la competitividad y la captura de nuevos mercados, sin coherencia con los compromisos asumidos en torno al desarrollo humano y a la sostenibilidad”, censuran en el informe.
Los consejos para el Ejecutivo autonómico no son nuevos. De hecho, un informe independiente encargado por el propio Gobierno a Hegoa, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y Cooperación Internacional (UPV), ya revelaba en 201 que en “una visión general se confirma la idea de que la política de cooperación es un elemento separado del resto de las políticas públicas que se desarrollan en Euskadi”.
Hay una visión mayoritaria de que los problemas en torno al desarrollo en el mundo no están relacionados solo con las políticas concretas de ayuda, sino también con la manera de encarar los procesos de desarrollo con unas políticas con mayor coherencia para lograr un desarrollo equitativo y que pueda ser sostenible a escala global. Y no es una tarea fácil empapar de coherencia todos los niveles institucionales porque las resistencias entre los intereses nacionales o a corto plazo con la promoción del desarrollo a escala mundial están a la orden del día.
Casi dos años después, la nueva investigación pone en cuarentena la declaración efectuada por Íñigo Urkullu en 2016 sobre la coherencia de políticas públicas para el desarrollo, que “queda en mera retórica”, en palabras de Gonzalo Fernández, uno de los responsables del trabajo de investigación, presentado junto a la portavoz de la Coordinadora de ONGDs, Sofía Marroquín. En aquella declaración, el lehendakari comprometió su palabra en favor del desarrollo humano y la sostenibilidad como referencia para su acción de gobierno y de acción exterior.
“El Gobierno vasco debe asumir el marco internacional de derechos humanos como referencia jurídica y legal para el conjunto de la política de internacionalización”, señalan. Y esto es un algo “mínimo” para los redactores del informe y las ONGs que se dedican al desarrollo. De hecho, se cuestiona la elección de algunos países, definidos como prioritarios por el Ejecutivo, como México o Colombia, donde se producen vulneraciones de derechos humanos.
Excluir a las empresas con cuentas en paraísos fiscales
El informe, además, incluye una serie de recomendaciones para variar de raíz este abandono por parte del Ejecutivo de Urkullu de criterios que ayuden a un desarrollo humano sostenible. Además de ampliar a ONGDs, sindicatos o a las entidades que trabajan en el campo de la economía social y solidaria el acceso a las estructuras e iniciativas de su política de internacionalización, la investigación propone imponer criterios sociales, de equidad de género, ecológicos, laborales y culturales de manera creciente y gradual en los porcentajes para adjudicar las convocatorias de ayudas a la internacionalización de empresas. Algo que ahora brilla por su ausencia.
A juicio de las ONGDs, alcanzar un de 40% sobre el porcentaje total de puntuación debe ser un objetivo. “Se pueden establecer criterios excluyentes basados en el desarrollo humano sostenible en las líneas de subvenciones a empresas como la exigencia de estudios de impacto ambiental, la exclusión de empresas vinculadas a crímenes internacionales tipificados en el Convenio de Roma, el cumplimiento integral del marco internacional laboral, la no discriminación por razones de sexo, género, raza/etnia o diversidad funcional”. Incluso se aboga por la “exclusión directa de la empresas vascas con cuentas en paraísos fiscales en el país de destino de la actividad”.
Para controlar el cumplimiento de estas políticas de internacionalización empresarial vasca y de seguimiento de su actividad en el exterior, la investigación propone la creación de un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos.
