Pasaia, un año de investigación contra la corrupción

Lonja de Pasaia. Foto: Astigarraga y Lasarte Arquitectos

En España, hay investigaciones de corrupción abiertas en una decena de los 46 puertos del Estado. Desde la primavera de 2016 uno de ellos es el puerto de Pasaia, en Gipuzkoa, una de las grandes infraestructuras vascas, que mueve 249.732 coches al año y también 84 millones de euros en pescado fresco. La abogada del Estado y consejera del puerto, Macarena Olona, fue la denunciante a título individual de unas presuntas irregularidades en la construcción de la nueva lonja de pescado que se asemejan poderosamente a otros casos conocidos: contrato adjudicado con un aparente gran ahorro económico (-18%), una empresa muy potente (FCC) asociada con una firma local (Lurgoien), brutales sobrecostes (+32%) y retrasos infinitos en las obras. Un año después, este caso apenas ha arrojado novedades –de hecho, ha quedado archivada su parte económica en el Tribunal de Cuentas-, no hay imputados y las dudas sobre si conducirá a buen puerto son más que razonables.

El Tribunal de Cuentas del Estado archiva el 'caso de la lonja de Pasaia'

El Tribunal de Cuentas del Estado archiva el 'caso de la lonja de Pasaia'

Fue en abril de 2016 cuando Olona, tras varias denuncias internas en el consejo de administración que apenas ha secundado el sindicato abertzale LAB, se plantó en la Fiscalía con varios informes bajo el brazo y una grave acusación, la de que existía en aquel momento un “desvío” de 4,9 millones de euros por unas obras que ni siquiera habían concluido. Se iniciaron en 2011, su final estaba previsto en 26 meses y hoy, más de un lustro después, continúan sin haber sido completadas. La fiscal guipuzcoana Mercedes Bautista no lo dudó y decidió presentar una denuncia ante el juzgado por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, estafa, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y encargó a la UCO de la Guardia Civil, unidad especializada en delitos económicos, una investigación que se tradujo en un registro llevado a cabo en junio del pasado año.

En una primera fase, la investigación se declaró secreta para la preservación de pruebas, ya que se ordenaron también entradas en las sedes de las empresas y en los despachos de los posibles responsables del desvío de fondos. Bautista situó en esa lista al ya destituido director del puerto, Gregorio Irigoyen, al director facultativo de la obra, David Candelario, y a los representantes legales de FCC y Lurgoien. También se cita que la investigación “habrá de analizar” el papel del presidente de la autoridad portuaria, Ricardo Peña.

Peña, exalcalde de Zumaia por el PNV y aficionado a la náutica, es un cargo elegido por el Gobierno vasco. Aunque el puerto es de titularidad estatal, el poder autonómico participa en su dirección. De hecho, la obra de la lonja de pescado está cofinanciada por los Ejecutivos central y vasco, además de por el presupuesto propio de Pasaia. En entrevistas concedidas a los diarios ‘El Mundo’ y ‘El Diario Vasco’, Peña ha reconocido la existencia de “irregularidades” en la construcción de esta ampliación del puerto, si bien lo rebaja a problemas “administrativos” ya que no aprecia indicios de que nadie se haya llevado dinero. Según Peña, el hecho de que durante los últimos años haya solicitado auditorías para hacer un seguimiento de las certificaciones de obra es una prueba de que no ha actuado de manera negligente.

Continuas modificaciones

La denuncia original ya incorporaba algunas consideraciones técnicas de la ingeniería Idom sobre las obras. Ya en 2012 Idom dejó constancia de su “preocupación” por las “continuas modificaciones” en el presupuesto, todas al alza y muchas de ellas “cuestionables”. “Lo que se trata de averiguar es si este incremento desproporcionado se debe a confabulaciones de la empresa adjudicataria y personal del puerto tendentes a enriquecerse”, apostillaba en su denuncia Olona.

Durante los últimos meses ha sido polémica la contratación de nuevas auditorías externas que deberán contrastar la ejecución de las obras y las certificaciones abonadas a FCC y Lurgoien. Olona, como asesora jurídica del consejo de administración de Pasaia, planteó solicitar ofertas a tres ‘grandes’ del sector, Deloitte, Price Waterhouse Coopers y Ernst & Young, pero Peña “decidió invitar  a una empresa local de Gipuzkoa, Ingeniería Salaberria” para que llevara a cabo esa tarea. Fue una decisión personal y una adjudicación ‘a dedo’.

Asimismo, Puertos del Estado ha encomendado ese trabajo a Intemac. Se da la circunstancia de que esta asesoría está vinculada a otra investigación por corrupción en el puerto de Barcelona, un fraude en la ampliación del dique este. Estos trabajos fueron adjudicados en su día a una UTE liderada por FCC. La Fiscalía pide penas de prisión para el equipo técnico que supervisaba esas obras, del que formaba parte Intemac, al entender que no realizaron un seguimiento certero de su desarrollo, lo que permitió la desviación económica.

Múltiples investigaciones

Fuentes internas han manifestado a eldiarionorte.es su preocupación por el hecho de que estas auditorías puedan rebajar la importancia de los hechos denunciados en un contexto en el que las investigaciones se multiplican en puertos del Estado. La Audiencia Nacional, por ejemplo, analiza la ampliación del puerto de Gijón (de nuevo con FCC como protagonista). Hay causas abiertas también en Valencia o Las Palmas, según el estudio elaborado por la fundación Hay Derecho, que remarca el patrón común de que siempre aparece la misma empresa adjudicataria.

En paralelo a la investigación penal, el caso de Pasaia llegó también al Tribunal de Cuentas del Estado. Fue fruto de un informe del interventor del Estado en Gipuzkoa, que también hizo constar irregularidades. Este órgano no sólo tiene competencias fiscalizadoras, sino que dispone de una sección de enjuiciamiento que permite el reintegro de los fondos públicos mal empleados. En Euskadi su labor está siendo más conocida ahora al haber asumido casos como el del polémico alquiler que Alfonso Alonso (PP) firmó siendo alcalde de Vitoria con el empresario, restaurador y expresidente del Deportivo Alavés Gonzalo Antón (‘caso San Antonio’), el del coste de la paralización de la incineradora de Gipuzkoa por parte de los gestores de EH Bildu, el del rescate con fondos de la Diputación de Bizkaia del Bilbao Basket o el del desfalco de las cuentas del pequeño concejo vitoriano de Aretxabaleta por obra de su ‘alcalde’, Miguel Acedo.

Pero el expediente sobre Pasaia apenas superó el umbral de la institución. Como era previsible, Peña reclamó el archivo de la causa al no ver una responsabilidad contable en ninguno de los gestores del puerto, pero lo llamativo es que los delegados en el Tribunal de Cuentas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado también reclamaron que no se prosiguiera con el procedimiento de reintegro mientras sus compañeros en el País Vasco han impulsado una causa penal por indicios de corrupción.

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