Pensionistas vascos, un tercio del censo electoral y el 37 % cobra por debajo del umbral de pobreza

Los jubilados vascos que se concentraban lunes tras lunes frente a las fachadas de los principales ayuntamientos vascos cumplieron el pasado mes de enero dos años de protestas para mejorar el sistema de pensiones. Solo la pandemia y el estado de alarma quebraron esa dinámica, gracias a la cual lograron poner en las agendas de los políticos sus denuncias. Hace escasas semanas, una de las corrientes del movimiento de pensionistas de Bizkaia ha retomado las movilizaciones, aunque con el freno de mano puesto debido a las medidas de seguridad sanitarias impuestas por las autoridades. Ahora, a las puertas de las elecciones vascas los pensionistas siguen intentando por una u otra vía seguir en el foco con sus reclamaciones, tanto las dirigidas al Gobierno de Iñigo Urkullu como las más habituales, con la vista puesta  en el Ejecutivo central (pensión mínima de 1.080 euros y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional  a 1.200). Y en este caso y dada la proximidad de los comicios vascos al Gobierno de Iñigo Urkullu le convendría no olvidar el peso que tiene este colectivo a la hora de votar y la importancia de respaldar sus iniciativas.

En Euskadi, tienen derecho a voto 500.000 pensionistas, es decir, aproximadamente el 28 % del censo electoral. Y, además, es el colectivo que más participa. “Los partidos políticos deben amparar nuestros derechos y atender nuestras necesidades. Seguiremos el desarrollo de la campaña electoral para valorar qué candidaturas asumen nuestras reivindicaciones y merecen nuestro apoyo”, advierten desde la Coordinadora de Pensionistas de Euskadi. 

A las personas mayores les preocupa el poder adquisitivo de las pensiones y la calidad de vida. Entre otras cosas, quieren que los partidos vascos defiendan en el Parlamento de Vitoria un sistema público de pensiones incompatible con los modelos de pensiones privadas. Y en el caso concreto de la comunidad autónoma, reclaman que no exista ningún pensionista con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Eso podría obligar al Gobierno Vasco a complementar las prestaciones con el dinero que se ahorre del Ingreso Mínimo Vital (que gestionará proximamente tras el acuerdo con Madrid) en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En la actualidad, de los más de 55.000 perceptores de la RGI, algo más de 13.000 personas son pensionistas, en su mayoría mujeres. Por otra parte, más 200.000 pensiones, que suponen el 37 % del total del País Vasco, tienen un importe inferior al umbral de la pobreza. Umbral que en Euskadi se sitúa en 839,43 euros, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza. Y por seguir con los datos, alrededor de 35.000 (el 6,26 % del total) tienen un importe inferior al umbral de pobreza severa y más de 240.000, el 43,53 % de las pensiones vascas se encuentran por debajo del salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía media de las pensiones en junio en Euskadi ascendió a 1.256 euros, más que la media nacional. En el caso de la pensión de jubilación, la media es de 1.429,39 euros. Las características del mercado laboral vasco, más volcado en la industria, ha permitido a sus jubilados mayores y más estables cotizaciones al contar  con mayores sueldos que la media nacional. Eso significa que llega al final de su vida laboral con mejores carreras de cotización. Pero, evidentemente, no es así en todos los casos.

Las pensiones de jubilación suponen un desembolso total en Euskadi de 520,81 millones, por encima de las pensiones de viudedad (118,6 millones de euros en Euskadi), incapacidad permanente (53,44 millones), orfandad (7,62 millones) y las de favor familiar (0,17 millones).

La nómina de las pensiones de Euskadi retrocedió por primera vez en mayo debido al impacto de la coronavirus. No solo por las muertes, sino también por las graves dificultades en la tramitación de las nuevas pensiones debido al cierre de las oficinas de la Seguridad Social propiciado por el estado de alarma.

Pensiones privadas

Pero los pensionistas también se enfrentan a otra pandemia, la de las pensiones privadas. En las concentraciones de los lunes (cuando eran masivas) algunas voces aisladas clamaban contra las EPSV, pero sin llegar a formar un coro. ELA, LAB, CCOO y UGT impulsan esas EPSV como planes privados de empresa en la negociación colectiva.

Euskadi se ha convertido en un laboratorio aventajado para las pensiones privadas. Con el argumento de que la sostenibilidad de los sistemas de previsión públicos está amenazada por el envejecimiento de la población, los sistemas complementarios privados cobran protagonismo. Y ahí Euskadi lleva ventaja sobre el resto de comunidades en España. Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) es el modelo autóctono de pensiones privadas instaurado con aval sindical en instituciones y empresas públicas dependientes de la administración autonómica. Los movimientos de pensionistas vascos ya han advertido de que esta fórmula socava el Sistema Público de Pensiones y deja en desventaja a los miles de ciudadanos que no pueden acceder a esta fórmula de ahorro.

El importante desarrollo que han adquirido las EPSV en la comunidad autónoma se debe en gran parte al estímulo fiscal, según el Consejo Económico y Social.  Se ha incrementado el atractivo de esta fórmula de ahorro a través del IRPF, pero también del Impuesto de Sociedades (tanto para las propias entidades como para incentivar la participación de las empresas o socios protectores en los planes de empleo). Así, los jubilados quieren suprimir desgravaciones fiscales a EPSV. 

Junto a las pensiones dignas, los jubilados han incorporado a sus reivindicaciones la defensa de la sanidad pública y de las residencias de mayores, dando prioridad a la  gestión pública, estableciendo un nuevo modelo más eficiente y humano, personal cualificado.