Las plataformas antidesahucios advierten al PNV de que si no aplica la Ley de Vivienda tendrá un coste electoral
La Ley vasca de Vivienda ya es una realidad. El Parlamento vasco la ha aprobado con los votos de EH Bildu, PSE (partido que la ha impulsado) y UPyD. Se trata de una ley innovadora en España, ya que por primera vez garantiza el derecho al alquiler de una vivienda a las familias que lo necesiten. Es decir, equipara este derecho a los de la sanidad y educación, y podrá ser exigido ante los tribunales en caso de incumplimiento. La norma ha sido rechazada por el PP y el PNV, partido que deberá gestionarla desde el Gobierno vasco pese a que no cree en ella.
Además, la norma impone un canon a las viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años (excepto las de temporada o segundas residencias), abre la posibilidad de que la Administración expropie temporalmente pisos a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos y fija que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en Euskadi se destine al alquiler.
Las plataformas antidesahucios de Euskadi se han felicitado por la aprobación de esta ley, pero anuncian que se mantendrán vigilantes para que se cumpla porque recelan de la actitud del PNV, que dirige el Gobierno vasco. Arturo Val del Olmo, representante de Stop Desahucios Araba, asegura que “no nos gustan las declaraciones que han ido haciendo miembros del Gobierno vasco en el sentido de que la ley resulta inaplicable, que no tiene seguridad jurídica, que costará 700 millones de euros en diez años, que va a tener un efecto llamada a nivel mundial”.
“Si tenemos en cuenta”, ha añadido, “que el año pasado se aprobó en el Parlamento una propuesta para que el Gobierno tomara medidas con los inquilinos de Alokabide y no se ha hecho nada pues no es un buen precedente. Tenemos razones para pensar que como organizaciones sociales debemos estar vigilantes y exigir al Gobierno vasco que desarrolle la ley y la cumpla desde ya”.
Val del Olmo se muestra especialmente inquieto con la política de alquiler. “En estos momentos, hay 42.000 pisos vacíos en la comunidad autónoma. A los que hay que sumar los miles de viviendas protegidas vacías del Gobierno pendientes de vender porque han fallado los adjudicatarios. Lo que tendría que hacer de manera inmediata es cambiarlas de calificación y destinarlas al alquiler. Pero seguro que el Gobierno vasco buscará subterfugios legales para no calificar los pisos de alquiler. El caso es que si la vivienda vacía debe cumplir función social, las VPO cerradas no pueden seguir así. El PNV debe aplicar la ley cuanto antes porque hay una situación de emergencia social, lo quiera ver o no”.
En esta línea, advierte de que el año que viene hay elecciones autonómicas y “si el Gobierno vasco no cumple con la ley tendrá consecuencias. El PNV siempre ha apostado por la política de propiedad y la iniciativa privada y ahora se encuentra con una ley que apuesta por el alquiler. La sociedad tendría que exigirle un precio electoral si no aplica la ley. Es estupendo tener una oficina contra los desahucios, pero en Euskadi no hay voluntad política de que funcione”.
