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Podemos y Equo arrancan 200 millones al Gobierno de PNV y PSE-EE de cara los presupuestos de 2020
“Estamos demostrando que somos útiles para la sociedad vasca”, se felicitó este miércoles el líder de Podemos en Euskadi y de la coalición Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, tras poner una cifra de 200 millones a su acuerdo presupuestario con el Gobierno de PNV y PSE-EE. Es un pacto a la navarra, con nacionalistas, socialistas e izquierda alternativa y que está en la base también del borrador de reforma del Estatuto que se ha conocido esta semana. Pero por más que se repita en varios ámbitos no deja de representar un giro estratégico de 180 grados en la línea seguida por Elkarrekin Podemos desde que llegó al Parlamento Vasco en 2016, una línea de oposición beligerante hasta el punto de solicitar dimisiones por el escándalo de la OPE del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) del pasado año. La alianza ofrece estabilidad al tramo final de la legislatura y disipa el fantasma del adelanto electoral.
Hace solamente medio año, en la campaña de las elecciones municipales y forales, el propio Martínez repetía en los mítines que era posible “conformar mayorías que den una alternativa al PNV y a su muleta el PSE-EE”. El Gobierno de Iñigo Urkullu, sin embargo, ya tenía claro desde unos meses antes que el socio ideal para encarar la última negociación presupuestaria de la legislatura era la confluencia de Podemos, IU y Equo, a fin de evitar una segunda prórroga tras el fiasco del año anterior. La vía del PP –socio en la primera mitad del segundo mandato de Urkullu– quedó taponada tras la moción de censura a Mariano Rajoy decantada por el PNV y el intento con EH Bildu acabó en cruce de reproches en 2018.
En el entorno de Urkullu, siempre atento a todos los movimientos en el tablero político, minimizan el efecto de las negociaciones actuales en las Cortes Generales para la investidura de Pedro Sánchez que implican a las tres partes. Y señalan que se vio el punto de inflexión a principios de 2019 cuando el Ejecutivo llevó al Parlamento tres leyes de contenido económico para realizar algunos ajustes en las cuentas para gestionar la prórroga derivada de la fallida negociación con EH Bildu. Elkarrekin Podemos anunció con tiempo que no iba a bloquear dos de ellas, la subida de los salarios de los funcionarios y la actualización de la renta de garantía de ingresos (RGI). Así las cosas, cuando antes del verano se diseñó el armazón del presupuesto de 2020 que ahora se ultima, se adoptó la decisión política de darle un barniz verde y morado.
El mensaje lo lanzó formalmente el lehendakari en el pleno más importante del año, el de política general que abrió en septiembre el curso político. “Recogeremos en el proyecto de presupuestos sus propuestas. Tenemos la oportunidad del trabajo compartido. Podemos encontrarnos en temas de memoria, de autogobierno, de políticas sociales. Con realismo y voluntad podemos hacer mucho”, les dijo a los parlamentarios de Elkarrekin Podemos. De manera coordinada, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, continuó con el cortejo. “Si allí es posible, ¿por qué aquí no? En Navarra gobernamos juntos. ¿Allí es posible y aquí no?”, añadió sobre la entonces reciente coalición en Navarra entre la marca del PNV (Geroa Bai), Podemos y los socialistas.
“Señor lehendakari, ¿sabe lo que más me ha sorprendido de su discurso? Que ha fijado como prioridades políticas los temas que Elkarrekin Podemos ha repetido desde 2016, igualdad, cambio climático, cohesión social y migraciones”, respondió Martínez desde la tribuna. Así las cosas, unos días después, en octubre, cuando se presentó el proyecto definitivo, en la primera página del 'dossier' se identificaron dos áreas como prioritarias: igualdad y cambio climático, y se les ponía una cifra de 1.776 millones. Y empezó la negociación.
Ha habido tres reuniones públicas y mucho cruce de documentos. El preacuerdo se ha anunciado este martes y las primeras cifras han llegado a partir del miércoles, pero la decisión política estaba adoptada al menos desde la semana anterior, como aventuraban algunas voces como la de la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que vio inútil sus conversaciones con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. De manera llamativa, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han cambiado los papeles en solamente un año. Si hace doce meses era Martínez la que afeaba a Iriarte que hiciera de muleta del Gobierno y negociara –“Dos abstenciones de EH Bildu son más baratas que pactar con la izquierda vasca y EH Bildu no sabe cómo rebajar más sus condiciones”– ahora los mensajes son en la dirección contraria, hasta el punto que la coalición abertzale habla de un acuerdo que legitima recortes sociales.
A falta de las votaciones definitivas tanto de las enmiendas como del texto final, el acuerdo presupuestario se ha cifrado en “un poquito más” de 200 millones de euros. No todos se programarán para 2020. Unos datos: es únicamente el 1,7% de un total de 11.774 millones que manejará la comunidad autónoma; el pasado año el Ejecutivo negoció con EH Bildu –sin éxito– una propuesta valorada en 142 millones de euros (38 de los cuales para un ejercicio posterior), y los dos acuerdos con el PP de principios de legislatura rondaron los 30 millones. Y otro adicional: se da la circunstancia de que las tres áreas del Gobierno que dirigen los socialistas dentro de su coalición con el PNV manejan un presupuesto que ronda los 500 millones, un 4,28% del total.
Además, el giro en Elkarrekin Podemos ha supuesto una división interna ya que una de las tres patas de la coalición, IU, se ha mantenido desde el principio en el 'no' a negociar unas cuentas. El barniz verde y morado no les ha parecido suficiente para una ciaboga frente a posiciones muy críticas de años anteriores. Es la primera vez en la legislatura que los socios se separan pero ambas partes coinciden en que las discrepancias se están sobrellevando con naturalidad. Mientras los nueve parlamentarios de Podemos y Equo facilitarán las cuentas del Gobierno con su abstención, IU estará en el 'no' con EH Bildu y con el PP.
“Hemos conseguido que el Gobierno se baje los pantalones en temas de los que no quería ni hablar en los últimos tres años”, justifica gráficamente un cuadro de la coalición para defender el acercamiento al Ejecutivo. El pacto incluye una subida del 4% en la renta de garantía de ingresos (RGI), el doble de lo previsto por el Ejecutivo (pero la mitad del planteamiento inicial de Elkarrekin Podemos y lejos de las cantidades previas a los recortes iniciados en 2011). También que se abandone progresivamente la exploración de gas en el subsuelo, un anatema para formaciones ecologistas como Equo. Hay partidas cerradas igualmente para combatir las violencias contra las mujeres, la ludopatía o el cambio climático.
“Los acuerdos con el PP eran buenos, pero este es mejor”, explican desde el otro lado fuentes del Gobierno, que valora la “seriedad” de esta negociación en contraposición con la “falta de honestidad” de EH Bildu en 2018 y que los 200 millones responden a proyectos también compartidos por PNV y por PSE-EE. Eso sí, si Elkarrekin Podemos ha virado en estos años, también lo ha hecho Urkullu, que miró primero a la derecha y ahora mira a la izquierda. “Flexibilidad”, respondió en Euskadi Irratia el coordinador del grupo parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate. Otras voces han recordado que los nacionalistas ya se coaligaron con la extinta Ezker Batua, la antigua marca de IU liderada por Javier Madrazo. En la actual IU todavía recuerdan el final abrupto de aquella marca política.
Para el Gobierno, el acuerdo permite encarar con estabilidad el final de la legislatura. Con presupuestos, de hecho, el fantasma del adelanto electoral se aleja en el calendario al menos hasta junio, lo que casi sería un adelanto técnico de los comicios, previstos para septiembre. El otro factor decisivo para Urkullu será la conformación de un Gobierno en España. Aspira a retomar el compromiso de transferencias para completar cuatro décadas después el Estatuto de Gernika, un cronograma que quedó en papel mojado con las primeras generales de abril y el posterior bloqueo institucional. Agotar el mandato permitiría a la coalición de PNV y PSE-EE intentar sacar adelante también algunas leyes en el aire como las de cambio climático, memoria histórica o RGI.