La batalla por la inhabilitación devuelve el protagonismo perdido a Otegi
Una vez conocidos los candidatos de la coalición de Podemos y de Ciudadanos, la única incógnita de cara a las próximas elecciones vascas será si Arnaldo Otegi puede o no concurrir como cabeza de cartel de la marca de la izquierda abertzale, EH Bildu. Sobre él, como complemento a su condena de cárcel por el ‘caso Bateragune’ por colaboración con ETA, pesa una inhabilitación como cargo público hasta 2021 y la Fiscalía, apoyada por PP, UPyD, Ciudadanos y la agrupación de víctimas Covite, ha activado ya todos los resortes legales para hacer cumplir esa sentencia antes de los comicios. Otegi insiste en que no hay ‘plan B’ porque las reclamaciones contra él no tienen recorrido jurídico.
La coalición EH Bildu (formada por Sortu, EA, Aralar y Alternatiba) conoce bien (y lo sabe rentabilizar) lo que es iniciar una campaña a la espera de una comunicación del Tribunal Constitucional, que es donde con toda probabilidad acabará el contencioso que se iniciará en la Junta Electoral de Gipuzkoa e irá recorriendo otras instancias.
El precedente es de 2011, cuando la formación recibió a ultima hora el plácet para concurrir a las elecciones municipales y forales tras sortear su ilegalización. Algunas voces, sobre todo el PSE-EE, insisten en que persistir en la batalla jurídica sólo beneficiará a Otegi al alimentar su victimismo.
Sea como fuere, la pugna jurídica ha devuelto a primer plano a la izquierda abertzale sin necesidad de presentar un programa electoral. En los últimos años, EH Bildu había perdido fuelle con la irrupción de Podemos y ya no parece en condiciones de ser la alternativa al PNV, como en 2012.
Otegi, histórico líder de HB, EH y Batasuna, salió en marzo de la cárcel de Logroño tras seis años entre rejas. Además de la pena de prisión, en su sentencia se recogía también la condena de inhabilitación hasta 2021. ¿Cuál es el problema? Existe un precedente, el de Iker Casanova, también de EH Bildu, que pudo ser parlamentario en la actual legislatura vasca, ya que el fallo judicial nunca precisó para qué cargos era efectiva la inhabilitación. A ello se agarra la izquierda abertzale en lo jurídico, aunque en lo político prefiere lanzar un mensaje de “desobediencia” a España.
Otegi ha llegado a decir que no habrá Ejército o Guardia Civil que le impidan acceder al Parlamento Vasco. O también, más poético, que podrán “cortar todas las flores, pero no detener la primavera”.
Precedente del parlamentario Casanova
EH Bildu está tan convencida de que no prosperarán las impugnaciones contra la candidatura de Otegi por este precedente de Casanova que hace unos meses, cuando se ventilaba su condena de cárcel y se confirmó en un auto la inhabilitación hasta 2021, ni siquiera presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. “No hay plan B”, repiten desde la coalición. No hay candidato alternativo (aunque la número uno por Álava, Miren Larrión, tiene mucha proyección) y Otegi estará en la campaña ocurra lo que ocurra en los tribunales.
Entretanto, la Fiscalía ha buscado nuevos argumentos para sortear el precedente de Casanova. Uno de ellos, según el escrito del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es que la inhabilitación para cargo público tiene una accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, para que no pueda ser votado en las urnas.
Esta circunstancia no se daba en el caso de Casanova. “El nombre de Otegi no aparecerá en las papeletas”, ha llegado a garantizar el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Pero ni siquiera esta argumentación es aceptada por todos los juristas. Quien más claro lo ha dejado es el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que ha declarado que “hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu” y que la jurisprudencia abierta por la inhabilitación de Casanova es de aplicación también para Otegi, porque la inhabilitación para el sufragio pasivo es una “accesoria” del veto a ser cargo público, no otra condena adicional.
No obstante, Calparsoro “acata” las directrices de Zaragoza porque en derecho “nada es blanco o negro” y existen “márgenes para la interpretación”. Apela a que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra.
