El Gobierno central ve “repugnante” el “akelarre” de expresos de ETA en Durango
El Gobierno de Mariano Rajoy está convencido de que su política de “firmeza” en materia antiterrorista es la que ha logrado que ETA abandonara su actividad terrorista definitivamente hace más de dos años y que los presos de ETA hayan decidido ahora asumir la legalidad penitenciaria y admitir el “daño multilateral causado”. Lo que otros califican de “inmovilismo” y “cerrazón” ante los movimiento dados en la izquierda abertzale y en la propia organización terrorista -términos utilizados ayer por los portavoces del PNV en el Congreso y el Senado, Aitor Esteban y Jokin Bildarratz, respectivamente en su balance de 2013 de la política de Mariano Rajoy- es lo que el Gobierno central pone en valor para mantener su hoja de ruta de firmeza frente a ETA.
Por eso las duras palabras empleadas ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al último comunicado del colectivo de presos de ETA afín a la estrategia de la dirección etarra (el EPPK), o para descalificar el acto convocado para hoy en Durango (Bizkaia) no ha gustado especialmente a las fuerzas políticas que esperan un cambio en la política penitenciaria. Jorge Fernández Díaz calificó de “repugnante” y “deleznable” el acto -lo denominó “akelarre”- proyectado para hoy en Durango por los reclusos excarcelados tras declarar Europa ilegal la 'doctrina Parot'. Y eso pese a que se prevé que este grupo de exreclusos -que no se han arrepentido de su actividad terrorista, ni han pedido perdón a sus víctimas- den un espaldarazo al comunicado del colectivo de presos EPPK de asumir la legalidad penitenciaria.
“Más de lo mismo”, se señalaba ayer en fuentes cercanas al presidente vasco. El propio lehendakari, que ha solicitado formalmente al presidente Rajoy una entrevista para tratar todo lo relacionado con la política antiterrorista y con la paz y la convivencia en Euskadi, cree que ni los partidos ni los Gobierno pueden quedarse de brazos cruzados. Y en la Lehendakaritza se cree que aun hay margen para convencer al presidente del Gobierno de activar otro tipo de políticas con los presos de ETA, máxime si se va confirmando con “pasos concretos” y urgentes lo planteado en su último comunicado del EPPK.
Pero en Madrid las prioridades son otras. Y ETA lleva mucho tiempo fuera de las prioridades del Ejecutivo central. Es como si las manecillas del reloj del final de ETA se hubieran detenido desde que Rajoy llegó a La Moncloa. Antes de conocerse las declaraciones del ministro del Interior, los portavoces del PNV en Madrid consideraban que “sería imperdonable” que el Gobierno se mantuviera en esta “parálisis totalmente incomprensible” y que partidos y gobiernos no “sean capaces de llegar a acuerdos en positivo para gestionar una situación complicada” como esta pero que es “mucho mejor” que la que existía antes de octubre de 2011, cuando ETA dijo adiós a las armas definitivamente (aunque no las haya entregado, ni se haya disuelto).
Sin embargo, Fernández Díaz señaló ayer que “el único comunicado que le interesa al Gobierno y para el que el que está trabajando” es en el que ETA anuncie “su disolución incondicional”. “Saben perfectamente que el Gobierno no ha negociado, no negocia y no va a negociar con ETA”, apostilló.
Nuevos informes a la Audiencia Nacional
Mientras la política hablaba, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso del acto de Durango, Santiago Pedraz, ampliaba su solicitud de informes e incluía también a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía (CNP). La víspera había solicitado informes de la posible relación del acto con ETA únicamente a la Ertzaintza. En realidad, las posibilidades de que el juez decida prohibir el acto -tal y como ha solicitado la asociación Dignidad y Justicia- son muy remotas, salvo que en algún informe se pueda probar que existen indicios inequívocos de que el objetivo de los expresos es el enaltecimiento del terrorismo o que pretendan humillar o denigrar a las víctimas del terrorismo. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró “penalmente neutro” el acto programado para hoy en Durango.
En cualquier caso, la decisión no esta tomada y el juez Pedraz deberá resolver sobre la legalidad del acto antes de que los expresos se reúnan este mediodía en el local Plateruena de la localidad vizcaína de Durango para la rueda de prensa y la posterior comida, algo que será vigilado por las diferentes policías. El fiscal Jesús Alonso anoche en su informe en el que no se oponía al acto abogó por que las policías adopten las medidas oportunas para evitar que durante la celebración del mismo no se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo.
