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Parar el sexto intento de desahucio de tu familia mientras buscas una condena para el prestamista

Gato, en la puerta de los juzgados con los periodistas

Iker Rioja Andueza

Se hace llamar Gato, tiene mujer y dos hijos de 13 y 17 años y, contando con el de este miércoles, ha conseguido paralizar seis desahucios. Éste último ha sido 'in extremis', con la Policía y la comitiva judicial ya en la puerta del edificio, ubicado en el norte de Vitoria. A esta familia no le quiere echar de su casa de toda la vida un banco, ni tampoco la Administración. Su pesadilla es un prestamista. “Usurero”, lo llama él. Es el mismo al que le dejaron de pagar los 950 euros que les exigió durante años mes a mes (y en negro) por dejarles seguir viviendo en su propia casa tras 'ayudarles' con una deuda. Ahora, mientras capean con todos los resquicios legales a su alcance el procedimiento civil de desahucio, Gato ha decidido emprender la vía penal contra el usurero. “Nos podrán quitar el piso, pero no les vamos a dejar en paz hasta que no acaben en las portadas de todos los periódicos con nombres y apellidos”, advierte con los nervios por el fallido desahucio aún a flor de piel.

¿Cómo empezó esta historia? “Cuando llegó la crisis, como muchos, tuvimos problemas y nos iban a subastar el piso. Era 2007. Contactamos con unos abogados conocidos y les explicamos la situación. No supimos nada. Pero el mismísimo día de la subasta, vino un señor a casa que nos dijo que nos salvaba la deuda”, explica Gato respondiendo a la pregunta de cómo apareció el prestamista en sus vidas. Más tarde descubrieron que fueron sus propios asesores legales los que intermediaron para que se conocieran y fue ése el momento en el que decidieron, apoyados por la agrupación local de Stop Desahucios (Kaleratzeak Stop), que no tenían que seguir pasando por el aro.

Gato reconoce el error de haber firmado ante notario una montaña de documentos por los cuales el prestamista se quedó con el 50% de la vivienda y con los derechos hipotecarios de la otra parte, entre otras condiciones leoninas que se convirtieron en “un impuesto revolucionario” por disfrutar de su propia casa. “Pero, mira, en aquel momento me habría creído cualquier cosa, aunque hubiese venido el mismísimo diablo con cuernos, cola y tridente”, explica.

Desde entonces, el día de cobro de la esposa de Gato el usurero se presentaba puntualmente en la puerta de casa. Recogía los 950 euros mensuales en metálico y dentro de un sobre y apuntaba la fecha y el montante en una libreta. Pagaron religiosamente ese elevadísimo 'alquiler' (la media en Vitoria son 662 euros, según los datos de agosto de 2017) hasta que descubrieron que su primer abogado les había traicionado, probablemente a cambio de parte del dinero.

Pero no contaban con que la maquinaria jurídica del prestamista y del bufete de abogados se iba a volver en su contra. “Son muy agresivos en los tribunales. Vinieron a por nosotros por lo civil porque dicen que les debemos un dinero y que tenemos que pagar”, explica Gato. Han intentado el desahucio en media docena de ocasiones. En las cinco primeras, mal que bien, han parado el golpe con tiempo. La última, en cambio, ha sido sobre la bocina, por utilizar un símil deportivo.

Si el lanzamiento estaba previsto para las 11.00 horas, Gato y miembros de Stop Desahucios se han plantado en el juzgado en cuanto ha abierto sus puertas para realizar un último intento que ha dado sus frutos. Han conseguido suspender el desahucio porque, merced a un acuerdo entre el Gobierno vasco y el poder judicial, no es posible sacar de su casa a familias con menores a cargo si acreditan no tener otro alojamiento digno. Furgonetas de la Ertzaintza y patrullas de este cuerpo y de la Policía Local ya estaban listas para actuar cuando han conseguido esta victoria moral.

Gato asegura que solamente ha ganado tiempo: está convencido de que seguirán intentando sacarle de casa. “Tendremos que ver cómo respondemos al siguiente golpe”, explica preguntado por el futuro. Entretanto, ha activado una querella contra el prestamista y los abogados para que se demuestren sus prácticas abusivas. “Probar que esto es delictivo es muy complicado, pero tenemos la ayuda de la Fiscalía de Álava. Nos podrán quitar el piso, pero no les vamos a dejar en paz hasta que no acaben en las portadas de todos los periódicos con nombres y apellidos. El 90% de la gente que ha tenido problemas con estos prestamistas está en la calle y con deudas y encima avergonzados. Esto no puede ser. No les vamos a dejar en paz”, repite.

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