Prisiones pospone el cierre de las viviendas para funcionarios de Álava ante las quejas sindicales

Instituciones Penitenciarias ha decidido posponer la orden de cierre de los pabellones de viviendas que mantiene la cárcel de Álava y que ocupan en la actualidad unos 170 de los 290 funcionarios, además de sus familias, una medida inicialmente prevista para el próximo 31 de octubre porque la habitabilidad de esas casas no es óptima. Así lo ha comunicado en rueda de prensa el sindicato UGT-Acaip, mayoritario en el sector, tras reunirse con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, y denunciar que “no existe ningún informe” sobre el mal estado de los pisos.

Como muchos penales antiguos de España, la vieja cárcel de Nanclares de la Oca tenía unos pabellones residenciales para el personal del centro. En 2011, cuando las nuevas instalaciones de Zaballa ya estaban operativas y se decretó el cierre de las viejas, se mantuvo expresamente la zona de viviendas y también parte del presidio para atender a presos en tercer grado (el CIS atiende ahora a 64 personas). UGT-Acaip interpreta que la medida no sólo afecta a un “número muy importante de trabajadores” (más de la mitad de los destinados en Zaballa) y a sus familias sino que, ante la inminencia de un concurso de traslados, se verían afectados también quienes habían solicitado plaza en Álava con la expectativa de contar también con una “solución habitacional”.

La ocupación de estos pisos, cuyo tamaño varía en función del número de personas ocupantes, tiene un canon que puede alcanzar los 280 euros mensuales. Parte de ello está destinando a mantenimiento. El sindicato calcula que Prisiones ingresa alrededor de 65.000 euros anuales por ese concepto y denuncia que si entiende que las casas tienen problemas debería explicar a qué ha destinado lo que ha ido recaudando por ese concepto desde 2011.

El secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza, y del Acaip, José Ramón López, han pedido que el proceso se resetee y que Prisiones busque el diálogo con los sindicatos para encauzar la situación. De momento, se felicitan de que esté “suspendida” la fecha límite del 31 de octubre y avisan de que pelearán tanto ante el Ministerio del Interior como en los tribunales, llegado el caso, para que se respeten los derechos de los funcionarios afectados.