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Prohibido criticar al Gobierno vasco si eres funcionario

Funcionarios en la sede central del Gobierno vasco en Lakua

Eduardo Azumendi

La decisión del Gobierno vasco de prohibir a sus funcionarios criticar sus políticas ha desatado una tormenta entre sus trabajadores. Esta es una de las medidas recogidas en el código ético que el Ejecutivo de Vitoria quiere extender al conjunto de su funcionariado, unos 70.000 en total, y que actualmente solo afectaba a los altos cargos nombrados a dedo. La medida podría entrar en vigor antes de acabar el año, previa negociación con los sindicatos de la administración pública. El código permite a los empleados que participen en medios de comunicación, pero siempre que sean “leales y coherentes con los postulados de la institución”. Y en su artículo 15 incluye expresamente “abstenerse de criticar a través de los medios de comunicación las posiciones políticas del Gobierno”.

Otras disposiciones son la imposibilidad de recibir regalos que excedan la cortesía o aceptar viajes que no entren dentro de sus estrictas funciones públicas. La Comisión de Ética Pública del Ejecutivo de Vitoria es la que ha propuesto que los valores y conductas que hasta ahora debían acatar los altos cargos de la administración, personal eventual y de confianza sean de obligado cumplimiento por el conjunto del funcionariado. Según la comisión, estos valores deben ser “observados por el resto del personal que presta servicio en la institución al ser propios de ella”.

La prohibición de criticar las políticas del Gobierno si formas parte de su plantilla ha enfadado a las centrales. El sindicato ESAN de la Ertzaintza ha denunciado que el Gobierno vasco “intenta coartar la libertad de expresión de sus trabajadores”. Según este sindicato, resulta “vergonzoso, inaudito y humillante prohibir la crítica” a los trabajadores públicos. “Esto sólo se le puede ocurrir a un dictador”.

Mientras, Comisiones Obreras ha considerado que “imponer” a todos los empleados de la Administración vasca el código ético que solo afecta a los cargos públicos es una medida “antidemocrática” y “una cacicada”. “El Gobierno vasco rompe el principio de independencia del personal público, obligándole a no poder discrepar de las decisiones, medidas y actuaciones dictadas por el Ejecutivo”.

ELA, el sindicato mayoritario en la Administración, ha rechazado ampliar a toda la plantilla de la Administración vasca el código ético que solo afecta a los cargos públicos porque supondría prohibir la libertad de expresión a los trabajadores.

“Es”, ha añadido, “otra muestra más del talante autoritario y escasamente democrático que caracteriza al Ejecutivo de Urkullu”. ELA incluso ha anunciado movilizaciones contra esta propuesta.

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