Proponen que el Parlamento cree una ponencia para articular medidas contra los abusos sexuales a menores
Los grupos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, a instancias de las asociaciones Infancia Robada, Save the Children y Garaitza, han propuesto la creación de una ponencia sobre abusos sexuales en la infancia que, antes de final de esta legislatura autonómica (otoño de 2020), elabore un estudio para la “construcción de la verdad, memoria colectiva e histórica sobre una vulneración de derechos humanos que hasta hace tan sólo unos años se trataba como un problema puntual del ámbito privado”. El texto no menciona a la Iglesia católica, pero los proponentes han incluido también casos conocidos en Euskadi como los de Gaztelueta o Salesianos de Deusto en el ámbito de este grupo de trabajo.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos no tienen votos suficientes para que prospere esta iniciativa, pero las parlamentarias Oihana Etxebarrieta y Eukene Arana aspiran a que no sea difícil sumar a PNV, PSE-EE y PP. Iñaki Alonso, portavoz de Save the Children, ha asegurado que han tenido “contactos con todos los grupos y todas las instituciones” y que “todos han mostrado una receptividad importante” y “siempre sensibilidad”. También Infancia Robada ha mantenido encuentros con todos ellos, aunque en el Congreso de los Diputados. De hecho, la Cámara ya aprobó una resolución unánume contra los abusos en el último pleno de 2018, aunque de nuevo sin mencionar el contexto religioso de algunos de los casos más importantes.
La ponencia, que quiere reunir a afectados y expertos, aspira a “explorar vías de acompañamiento y reparación para las víctimas que padecen secuelas de diferente índole y grado” tras haber sufrido abusos sexuales. También a “identificar elementos para la prevención y detección precoz” de cara al futuro. Los partidos proponentes han querido dejar claro que “en ningún caso la ponencia será un ámbito de enjuiciamiento de personas” y quedará expresamente excluida la principal demanda de las víctimas, elevar el plazo de prescripción de los delitos, algo que sólo puede articular el Congreso tocando el Código Penal.
Una de cada cuatro niñas, uno de cada siete niños
Según algunos datos aportados por el representante de Garaitza, Juan Carlos González, “una de cada cuatro niñas” y “uno de cada siete niños” han sufrido abusos. Sólo el 15% de los casos habrían sido denunciados y, de ellos, apenas el 30% llegan a juicio. Ha destacado también que, en Euskadi, las condenas en este tipo de situaciones son tres veces menos que en el conjunto de España (10% frente a 30%).
Quien sí logró una condena fue el exalumno del colegio del Opus Dei de Leioa, Gaztelueta. Un profesor que fue su tutor durante dos cursos fue condenado a 11 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Bizkaia. El asunto, tras los recursos, está en manos del Tribunal Supremo pero la Fiscalía se ha alineado con la familia para que la pena sea ratificada y el docente entre en prisión. Su madre, Ana Cristina Cuevas, ha ejercido de portavoz de Infancia Robada -su marido Juan Cuatrecasas ha fichado por el PSOE para las próximas elecciones generales- y ha remarcado que hay que actuar también para que las víctimas sin sentencia a su favor sean reconocidas y atendidas. “Que se respete la condición de víctima desde exista un peritaje”, ha enfatizado tras proponer medidas de acción positiva para ellas en la Universidad o en el mercado laboral para que no se vean lastradas en la edad adulta por hechos que padecieron en la infancia. “No se piden limosnas, se piden derechos”, ha remarcado.
En la misma línea, Save the Children pide evitar la “impunidad” y “generar espacios seguros” para los menores, dado que los casos se producen en entornos de confianza como la familia, el colegio o las actividades extraescolares culturales o deportivas. “Si ya de por sí es complicado dar el paso adelante de denunciar, es importante que no haya errores en el sistema”, ha pedido también Alonso.
