La vivienda de protección oficial (VPO) es un bien muy preciado en Euskadi. Hasta el punto de que la puesta de las sucesivas administraciones por este tipo de construcción ha facilitado la emancipación de miles de jóvenes y dotado de un techo a las familias con menos recursos. Pero en los albores de esta política pública, la VPO se entregaba a sus beneficiarios y pasados unos años (podían ser 30) la vivienda perdía la calificación de protegida y pasaba a convertirse en libre. En la actualidad, el parque de viviendas protegidas calificadas de Euskadi está configurado por 68.238 (con datos de febrero de 2019). De estas viviendas, un total de 46.092 se benefician de la calificación de permanencia. Es decir, siempre van a formar parte del patrimonio público.
Pero el 32,5% restante va a dejar de formar parte del patrimonio público en los próximos años. Eso significa que un total de 22.146 viviendas promovidas con anterioridad a 2003 van a tener que ser descalificadas a medio plazo. En este caso, la fecha de 2003 es la clave. ¿Por qué? La decisión de imponer la calificación de vivienda protegida a todo el parque público de vivienda de Euskadi fue una medida para combatir la especulación de vivienda con dinero público. Así lo recalcó en su momento el Ejecutivo vasco, que en 2003 impuso la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas. De esta forma, una vivienda protegida sufragada con dinero público jamás se convierte en un piso libre, con lo que el propietario no puede venderla en el mercado.
Sin embargo, la apuesta de Euskadi no ha tenido continuación en ninguna otra comunidad autónoma. Así, las políticas de vivienda desarrolladas por los diferentes gobiernos regionales no han recogido en ningún caso la calificación permanente de las viviendas protegidas.
El Observatorio Vasco de Vivienda ha realizado una primera aproximación al impacto económico de la calificación permanente de las viviendas protegidas que se aplica en Euskadi desde 2003, una decisión estratégica para la política de vivienda de los próximos decenios.
El parque de vivienda descalificado estaba compuesto en febrero de 2019 por 37.867 viviendas que a esa fecha ya habían dejado de conformar el parque de vivienda protegida. El análisis de este parque descalificado según el año de descalificación pone en evidencia, según el Observatorio, que el grueso del impacto de los procesos de descalificación de vivienda protegida se ha producido en la primera década del siglo XXI, con 20.000 viviendas descalificadas, frente a 15.745 desde 2010 hasta febrero de 2019. “La intensidad de los procesos de descalificación sigue siendo muy notable, cerca de 1.750 viviendas año en esta década”, apuntan los expertos.
Valor del parque protegido
El valor del parque de vivienda protegida con calificación permanente alcanza los 6.555 millones de euros, calculado a precios actualizados de la Vivienda de Protección Pública. Prácticamente la mitad del presupuesto actual del Gobierno vasco. Con estas cifras se puede entender que las personas adjudicatarias de una VPO que la hayan vendido ya descalificada en los años previos a la recesión ha podido ser muy importante. El Observatorio calcula que para una vivienda de 80 metros cuadrados este beneficio rondaría los 240.000 euros si se compara el precio actualizado por metro cuadrado útil de la VPO con el precio de la vivienda usada en 2007 o 2008.
Si se tiene en cuenta este patrimonio público a precios de la vivienda usada libre, el valor se incrementa considerablemente, de forma que sobrepasa los 10.160 millones de euros.
Los expertos del Observatorio también ponen de relieve que la decisión de aplicar la calificación de vivienda protegida a todo el parque público de vivienda de Euskadi desde 2003 ha supuesto evitar que los recursos públicos supongan una ganancia privada (en caso de venta de la vivienda tras la descalificación) o el incremento del patrimonio privado (en caso de mantener la vivienda sin venderla) por un importe de 3.600 millones de euros. “Se han evitado prácticas de especulación inmobiliaria con el parque de vivienda protegida”.
Dado que no era posible aplicar la decisión de calificación permanente con carácter retroactivo, el parque de vivienda protegida edificado con anterioridad a 2003 continúa descalificándose, lo que ha supuesto y supone un gran lastre para la eficacia de las políticas de vivienda y sociales de Euskadi.