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“Recibir la RGI no desincentiva la búsqueda de empleo”

Protesta por el recorte en los derechos sociales junto a una sede de Lanbide.

Eduardo Azumendi

  • Sindicatos, colectivos sociales y plataformas de pensionistas reclaman al Gobierno vasco que incremente la cuantía de la RGI en función de la subida del SMI

Colectivos sociales, sindicatos, pensionistas y redes para la inclusión social han salido a la calle para tratar de convencer al Gobierno vasco de que incremente la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no del Índice de Precios al Consumo (IPC). El SMI ha subido un 8% para este año, pero el Ejecutivo de Vitoria es partidario de acogerse al IPC, que apenas supera el 1%. La ley que da origen a la RGI estipula que la cuantía de la prestación debe alcanzar al 88% del SMI sin superarlo.  “No es justo ni solidario” que las “personas empobrecidas vean recortados sus derechos y condiciones de vida en estos momentos de crisis”, han denunciado los colectivos.

“No es justo, ni ético, que las personas precarizadas y empobrecidas sean las que soporten la merma de derechos y peores condiciones vitales en los momentos más difíciles. Recibir la RGI no desincentiva la búsqueda de empleo”, “, han advertido. Así,  han solicitado el fortalecimiento de la protección social en Euskadi y, en consecuencia, ”la subida de la RGI en los mismos porcentajes que se ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional para este año 2017“.

Además, han exigido que se dé “marcha atrás” al recorte del 7% aplicado en los últimos cinco años en las cuantías de las prestaciones gestionadas por Lanbide: Incentivos al Empleo, Renta de Garantía de Ingresos, Complemento de Pensiones y Prestación Complementaria Vivienda.

Según ha apuntado la directora de la Fundación Gizakia y miembro de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Estíbaliz Barrón, los índices de pobreza y exclusión de los que dan cuenta los propios estudios del Gobierno Vasco son la “dramática consecuencia” de la política de recortes en las prestaciones sociales, “que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna”.

Actualmente, 12.750 perceptores de la RGI (el 19,5% del total) están trabajando al tiempo que cobran esta ayuda como complemento a los bajos salarios que reciben. Mientras, otros 16.215 perceptores son pensionistas y, por lo tanto, no están en edad de trabajar

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