“La reforma de la RGI que prevé el Gobierno es un recorte de derechos”
“La propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) presentada por el Gobierno vasco ”rebaja los derechos“ de los perceptores”. Eso es lo que aseguran los representantes de la asociación 'Por una vida digna-Bizitza duinaren alde', que ha abierto en el Parlamento vasco la ronda de comparecencias de organizaciones del Tercer Sector para exponer su visión sobre la reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos, la principal prestación social contra la pobreza en Euskadi que beneficia en la actualidad a 61.000 personas.
El proyecto de reforma de esta prestación social fue presentado el pasado mes de mayo por el Gobierno autonómico, aunque la modificación de la normativa está pendiente de debate y tramitación en el Parlamento. Entre otras disposiciones, la propuesta de reforma limita la percepción de la RGI a una prestación por domicilio (con excepciones), modifica el sistema para la determinación de las cuantías de la ayuda (que no podrá superar los 1.200 euros mensuales por familia), incrementa los requisitos de documentación exigidos a los perceptores y no referencia el importe económico de la prestación con ningún indicador externo, como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el IPC.
El portavoz del colectivo ‘Por una vida digna’, Juan Antonio Armentia, ha lamentado que la RGI “no llega a evitar el riesgo de pobreza en todas las personas”, como así lo evidencian, según ha dicho, las estadísticas sobre personas en situación de exclusión en la comunidad autónoma. Y ha recordado que en 2012, el Gobierno vasco redujo la cuantía de la RGI en un 7% y que, pese a que aquella medida se presentó como algo “excepcional”, aún no ha sido revertida.
Además, la cuantía de la prestación de este año no se ha calculado en función del Salario Mínimo Interprofesional. Esta decisión ha supuesto que en lugar de que la RGI de este año se incrementara en un 8% -como ha ocurrido con el SMI- la subida se haya limitado a un 1,5%. La reforma del Gobierno no contempla vincular la cuantía de la RGI con ningún indicador externo, algo que para Armentia “resulta muy grave” porque la prestación perdería su carácter de derecho subjetivo. Su propuesta es vincular el cálculo anual de la cuantía de la RGI al IPC de la comunidad autónoma.
También ha alertado de que el nuevo sistema de cálculo reduce “en la mayoría de los casos” la cuantía de la ayuda. Según ha explicado, en el caso de una persona sola, ésta pasaría a cobrar este año 625 euros mensuales, cifra que con la normativa todavía vigente sería de 675 euros. El único caso en el que aumenta la prestación es en el de las parejas con dos hijos, que con el nuevo sistema de cálculo cobrarían 40 euros más.
La reforma partirá de una cuantía común de 450 euros a la que se sumarán complementos individuales según el número de adultos y menores. La cuantía máxima de RGI para cualquier tipo de familia ascenderá como máximo a 1.200 euros al mes. Las ayudas serán superiores a las que actualmente contempla el sistema, pero más bajas que las recogidas en la Ley de 2008.
