Resolución unánime del Parlamento contra los abusos sexuales a menores pero sin mención expresa a Gaztelueta
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una larga resolución de ocho puntos contra la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia tras la sentencia que confirma los abusos por parte de un docente del colegio concertado masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en Leioa, contra un estudiante de Secundaria. El texto, sin embargo, excluye cualquier referencia a Gaztelueta, una condición para que todos los partidos (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP) hayan secundado la iniciativa, que no ha recibido votos en contra en el último pleno parlamentario de 2018.
El debate había sido promovido por Elkarrekin Podemos y la propuesta original, en su exposición de motivos, hacía mención directa a Gaztelueta, cuya dirección, además, orilló la sentencia de la Audiencia de Bizkaia y defendió de manera contundente la inocencia del profesor condenado, José María Martínez Sanz, que se enfrentará a 11 años de prisión si el Tribunal Supremo confirma la sentencia de primera instancia. Finalmente, se queda en una expresión genérica de “solidaridad” y “reconocimiento” a todas las víctimas y en una petición a la Iglesia [a la católica] y a los “centros educativos vinculados a ella” para que actúen ante las denuncias y ofrezcan “garantías de no repetición”.
La representante de Elkarrekin Podemos, Eukene Arana, así lo ha reconocido en el debate: “Hemos trabajado para lograr el acuerdo entre todos los grupos. Hemos sido muy flexibles y hemos buscado en todo momento llegar a un acuerdo de toda la Cámara, aunque para ello hayamos tenido que renunciar a nuestros máximos y también es cierto que hemos tenido que renunciar a explicitar en esta iniciativa el tema de Gaztelueta”. Ha acusado abiertamente al PNV como factor determinante para que el nombre del colegio del Opus Dei se cayera.
Arana, en cambio, ha “celebrado” que el acuerdo contra la violencia sexual a menores haya sido unánime. En los mismos términos se ha expresado Juan Cuatrecasas, padre de la víctima de Gaztelueta e invitado al debate, que considera la resolución un “mínimo” para seguir avanzando porque el problema no se circunscribe a ese caso sino a otros. Destaca que el texto, por ejemplo, alude a la necesidad de “seguir implementando y desarrollando protocolos de prevención y actuación”, mecanismos que, a su juicio, fallaron con estrépito en el caso de su hijo.
Desde la bancada de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta ha calificado también de “vergonzosa” la respuesta de Gaztelueta y especialmente la rueda de prensa en la que atacó a la víctima. Por ello, ha indicado que la mención expresa y crítica contra el centro habría resultado positiva. “Vergonzoso” ha sido exactamente el mismo adjetivo que ha empleado la portavoz socialista, Natalia Rojo, que ha señalado que el colegio de Leioa “ha incumplido todos los protocolos de actuación ante la denuncia de abuso sexual y defendiendo al condenado por abusos después del fin del procedimiento judicial”.
Aunque el caso de Gaztelueta “es muy grave” no es el “único”, ha replicado desde el PNV Leixuri Arrizabalaga, que ha tenido palabras de apoyo para la familia de la víctima. Más en genérico, la 'popular' Laura Garrido ha pedido “tolerancia cero” para “casos de violencia en la infancia y en la adolescencia”.
La resolución aprobada tampoco aborda dos cuestiones polémicas que siempre han rodeado a Gaztelueta. Por un lado, su condición de centro concertado, es decir, privado pero que recibe fondos públicos para su mantenimiento. En la redacción original se mencionaba claramente la posibilidad de la “retirada” de “convenios” a los centros que no actúen con “total diligencia” ante estas denuncias. Por otro lado, tampoco se ha abordado la educación segregada por sexos, aplicada por este centro y otros similares próximos al Opus Dei. El Gobierno ya se ha manifestado contrario a la eliminación de este tipo de enseñanza.
