Fue en verano cuando el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunció su voluntad de cuadrar agendas para citarse con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría e iniciar conversaciones para que el Estado traspase a Euskadi las 37 competencias que el Ejecutivo autonómico de PNV y PSE-EE ha etiquetado como “pendientes” para el cumplimiento íntegro del Estatuto de 1979, entre ellas Prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Desde entonces no ha habido semana en que los periodistas no hayan preguntado a Erkoreka, en su comparecencia semanal tras el Consejo de Gobierno, por si había habido comunicación con La Moncloa. Pero hasta este martes de mediados de enero, casi medio año después, no se había producido una respuesta afirmativa. Y es que Erkoreka y Sáenz de Santamaría, viejos conocidos del Congreso de los Diputados, hablaron finalmente por teléfono el lunes y Euskadi ha arrancado el compromiso de que el Gobierno central “mirara” al menos los informes sobre transferencias enviados ya hace varios meses.

Erkoreka, que ha subrayado en varias ocasiones que la demanda de completar el Estatuto es compartida por los dos socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, ha reconocido que esta cuestión no es “prioritaria” para el Ejecutivo del PP en este momento y más porque “tiene que mirar a otros territorios”, en referencia a la crisis catalana. “Pero es una de nuestras funciones hacer de nuestra prioridad una prioridad también del Gobierno central”, ha apostillado el portavoz vasco, que ha indicado que Sáenz de Santamaría apenas ha ojeado los documentos enviados desde Euskadi sin haber realizado un análisis profundo para lo que se requiere “un cierto esfuerzo” que la situación en Catalunya aparentemente no le ha permitido.

Recientemente, en todo caso, el delegado del Gobierno, Javier de Andrés, sí quiso acotar el terreno de juego y señaló en una comparecencia pública que en ese listado de 37 transferencias hay exigencias inasumibles para el Estado, tales como la cesión de infraestructuras de “interés general” o la Meteorología. Y en lo tocante a la Seguridad Social y a Prisiones, De Andrés también limitó su alcance: en el primer caso hay sentencias del Tribunal Constitucional que acotan la posible transferencia de la Seguridad Social a que no se acabe con la unidad de caja del sistema actual y, en el segundo, hay poco que ceder dado que Euskadi ya ha asumido servicios de seguridad, educación o sanidad en las cárceles.

“No hay un planteamiento radicalmente nuevo”

En este escenario, el Gobierno vasco prefiere no lanzar campanas al vuelo y fijar un horizonte temporal cerrado para que estas conversaciones puedan dar sus frutos. “Vamos a dar tiempo al tiempo”, ha pedido Erkoreka, que ha asegurado que tras casi cuatro décadas de “negociaciones fallidas” no es imprescindible fijar un calendario “perentorio” en este momento sino más bien un marco de diálogo “interinstitucional y bilateral”. Es más, ha querido desligar esta negociación de otros asuntos de “conveniencia” que puedan unir a PP y PNV, como es la aprobación de los presupuestos generales de 2018 en los que Rajoy aspira a reeditar su entendimiento con los nacionalistas vascas así como con Ciudadanos y Coalición Canaria. Siendo portavoz del PNV en las Cortes Generales, sin embargo, el propio Erkoreka incluyó la negociación de competencias pendientes con el entonces presidentes socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Erkoreka, el pleno cumplimiento del Estatuto de Gernika no sólo es una obligación legal sino una “convicción social, política e institucional”. Además, ha recordado que el actual informe que fija en 37 las materias no cedidas por el Estado a la comunidad autónoma tiene su base en otro aprobado en la década de 1990 ('informe Zubia') que contó incluso con el “aval entusiasta del PP” en el Parlamento y en concreto del hoy diputado Leopoldo Barreda, al que Erkoreka se ha referido como “Leopoldo Ezequiel María Barreda de los Ríos”. “No hay un planteamiento radicalmente nuevo”, ha enfatizado Erkoreka, despejando indirectamente cualquier posible comparación entre las demandas vascas y el 'procès' catalán.