Sanidad defiende la universalidad, pero dice que no se puede “inventar” una tarjeta sanitaria para los 'sin papeles'
El Gobierno vasco defiende una “sanidad univcersal”, pero no se puede “inventar” una tarjeta individual sanitaria (TIS) para los inmigrantes en situación irregular que no han cumplido un año de empadronamiento. Así, lo ha asegurado el director de Aseguramiento y Contratación del Departamento de Salud, Iñaki Berraondo, durante su comparencia ante la comisión de Sanidad del Parlamento vasco. Los inmigrantes 'sin papeles' con un año de empadronamiento y unos ingresos inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) - que en la actualidad ronda los 640 euros- tienen derecho a la TIS de Osakidetza y a que les atienda un médico de cabecera en Atención Primaria.
Eso es lo que figura en la orden aprobada por el Gobierno vasco antes del verano en la que regula la prestación de la asistencia sanitaria a las personas que no están aseguradas o no son beneficiarias del Sistema de Salud del Estado, como los inmigrantes sin permiso legal de residencia. La tarjeta individual sanitaria proporciona una asistencia sanitaria en iguales condiciones de calidad y con la misma extensión que la reconocida a las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social.
Mientras, los 'sin papeles' que no cumplan con el año de empadronamiento deberán costearse los tratamientos por sus propios medios, salvo en los casos de embarazadas, menores de 18 años y urgencias. En la actualidad, este colectivo ronda las 700 personas. Berraondo ha justificado la imposibilidad de dar una TIS a este colectivo en la “inseguridad jurídica” que ello conllevaría, después de que el Gobierno central haya recurrido decretos y órdenes anteriores del Gobierno vasco intentando ampliar la cobertura.
El Gobierno central privó el año pasado a los inmigrantes ilegales del derecho a la asistencia sanitaria a los 'sin papeles', algo a lo que se opuso el Gobierno vasco, entonces dirigido por el socialista Patxi López. El Tribunal Constitucional (TC) avaló finalmente la atención sanitaria a ese colectivo en la comunidad autónoma y el actual Gobierno vasco dictó una orden donde se recogían los puntos que el TC dejó a salvo. Sin embargo, el Abogado del Estado ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Tanto el Ararteko como SOS Racismo han criticado el hecho de que el Gobierno vasco deje “sin sanidad” a quienes no puedan acreditar un año de empadronamiento continuado, lo que supone una merma en los derechos humanos de estas personas. El PSE ha recriminado que no se regule una TIS provisional porque el Constitucional no se ha pronunciado contra esa posibilidad.
