Los servicios sociales se convierten en un derecho exigible por ley
Depende en qué territorio se viva (Álava, Bizkaia o Gipuzkoa), las posibilidades de acceder a una plaza en una residencia pública varían. Y así con el resto de los servicios sociales. Por ejemplo, los mayores que viven en Álava disfrutan de mejores servicios sociales que el resto de los vascos, así que tienen más posibilidades de lograr esa plaza. Esa es la realidad hoy en día en Euskadi: tres velocidades diferentes. En un intento de cerrar esa brecha y que todos los ciudadanos tengan derecho a las mismas prestaciones, el Gobierno vasco acaba de aprobar el decreto de Cartera de Servicios Sociales, que iguala este tipo de prestaciones en los tres territorios y que determina a qué servicios tienen derecho el conjunto de los vascos, dónde los deben recibir y en qué condiciones.
Además, la importancia del decreto reside en que a partir de ahora las prestaciones pasan a ser un derecho subjetivo, es decir, exigible por las personas que cumplan los requisitos ante los jueces si la administración no responde. Así, los servicios sociales se equiparan con el resto de los pilares que conforman el estado de Bienestar: la educación, la sanidad y la vivienda. Los que más van a notar el cambio serán las diputaciones y los ayuntamientos, ya en que en la actualidad no ofrecen los servicios en las mismas condiciones. A partir de ahora, al menos deberán ofrecer una cobertura mínima en cada servicio: el 80% de la media de los tres territorios.
Copago
Algunos servicios se podrán reemplazar con ayuda económica por parte de la administración y en otros, el usuario deberá hacer frente al coste mediante el copago. Una fórmula que ya funciona en la actualidad con algunos servicios (como la residencias, centros de día y ayuda domiciliaria), siempre atendiendo a la capacidad económica de cada ciudadano. Estarán exentos del copago los servicios destinados a personas en situaciones de fragilidad o de precariedad económica, menores y víctimas de maltrato, entre otros colectivos. En cualquier caso, la Cartera garantiza que nadie quedará excluido por falta de recursos.
En total, en el año 2017 el conjunto de las administraciones vascas destinará a este fin 1.101 millones de euros, 142 más que lo invertido en 2011. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha señalado que lo que se pretende es que los tres territorios “vayan acompasando sus pasos” para que “se puedan dar las mismas respuestas a las mismas necesidades, siempre desde el respeto a la estabilidad institucional”. Toña ha subrayado que Bizkaia, Álava y Gipuzkoa están “muy avanzados” en la prestación de estos servicios, pero ha reconocido que a Bizkaia “le ha costado más avanzar” en el desarrollo de su cartera de prestaciones porque tiene mayor población. “El trabajo no ha sido fácil”, ha reconocido el consejero, quien ha destacado que fruto del mismo se ha consensuado un “modelo de atención universal, en lugar de los tres existentes hasta ahora”, cuyo catálogo deberá estar desarrollado para el 26 de diciembre de 2016. Cada institución deberá asumir la financiación de los servicios que deba prestar a los ciudadanos, por lo que Toña ha señalado que tendrán que hacer “reajustes financieros en función de sus competencias”.
