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Sindicatos y astilleros insisten a Almunia en que una devolución del 'tax lease' será la “defunción” del naval

EUROPA PRESS

VIGO —

Los sindicatos UGT y CC.OO. y los astilleros de Pymar han enviado este martes una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, en la que urgen una respuesta sobre el denominado 'tax lease' y reiteran sus advertencias de que una resolución que obligue a devolver las ayudas supondrá la “defunción” del sector.

Asimismo, las organizaciones firmantes del escrito reclaman la adhesión de la Administración central y de las autonómicas al “llamamiento urgente del sector naval privado”.

En la carta al comisario europeo, los secretarios generales de MCA-UGT, Federación de Industria de CC.OO. y representantes de Pymar expresan la “preocupación común” por el futuro del naval español y aseguran que “si la Comisión Europea decide solicitar a España la devolución de las ayudas por el llamado 'tax lease', automáticamente emitiría el certificado de defunción a un sector industrial, competitivo y tecnológicamente avanzado que emplea a 87.000 familias”.

Asimismo, señalan que “después de más de dos años de procedimiento”, se han provocado “lesiones irreparables” en el tejido productivo así como una “brutal pérdida de empleo”, e inciden en que esta situación “no debe verse agravada por las consecuencias directas” de una resolución que obligue a las devoluciones.

Sindicatos y astilleros apuntan que la Comisión Europea “cuenta con numerosa información y argumentos de carácter jurídico” que avalan que desde España se actuó según los principios de “confianza legítima y seguridad jurídica”.

Además, advierten de que cualquier decisión que implique que los inversores acogidos al 'tax lease' deban devolver las ayudas “recaerá de forma indirecta en los astilleros españoles como consecuencia de sus compromisos contractuales”. En la misma línea, auguran que el sector quedará estigmatizado para siempre, “ahuyentando definitivamente a los inversores y financiadores del negocio naval”.

URGEN LA RESOLUCIÓN

A su juicio, la Comisión “no puede aplicar a España un trato diferente al dispensado en cuestiones similares a otros países europeos como Francia” y, además, consideran que la situación que se está dando es “consecuencia de la falta de un sistema que regule la financiación en la construcción naval europea”, carencia que, a su juicio, provoca “una guerra comercial” en el sector en la UE.

“Esperamos sinceramente que la resolución incorpore nuestra posición, sólidamente justificada, y propicie el desarrollo de una actividad de larga tradición industrial en España”, mantienen los firmantes, quienes recuerdan que alargar en el tiempo la decisión “está también estrangulando al sector, que no logra firmar ninguna operación porque los inversores están a la espera”.

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