El coste de la reforma del nuevo edificio de Bienestar Social de Álava se dispara de 150.000 euros a 1,2 millones

El traslado de varios servicios del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava a unas antiguas oficinas del Ayuntamiento de Vitoria en el centro de la capital vasca, una iniciativa que buscaba centralizar la atención al público en un único punto y mejorar el servicio, ha supuesto un coste mucho mayor para las arcas de la Diputación que el inicialmente previsto. Concretamente, la partida de 150.000 euros reservada en 2017 se ha quedado muy corta ya que el presupuesto definitivo supera los 1,2 millones.

La centralización del Instituto Foral de Bienestar Social en la céntrica calle de San Prudencio fue acordado en diciembre de 2016 por el Gobierno foral de PNV y PSE-EE y se completará en “junio o julio” de este 2019, según fuentes oficiales. Se trata de un edificio de oficinas privado, de la empresa Alquileres Vitoria S.A., propiedad de los conocidos constructores vitorianos José Antonio Gordo y los Sáenz de Valluerca. Anteriormente, había acogido dependencias del Ayuntamiento, por lo que se estimó que era adecuado para la atención al público con pequeñas reformas. Además, los dueños ya habían acometido algunas mejoras en la instalación eléctrica y para evitar goteras.

El alquiler foral se inició el 1 de enero de 2017 con un coste anual de 529.980 euros y fecha de vencimiento en 2037. Según informó la propia Diputación, ese mismo año se consignó una partida de 150.000 euros en los presupuestos para realizar las reformas requeridas. A finales de 2017, el Gobierno foral ya asumía que “el presupuesto es superior a la partida presupuestada inicialmente” ya que “se ha tenido que ir haciendo frente a las necesidades que iban surgiendo durante la ejecución de la obra”. En aquel momento se apuntaba a unas obras menores valoradas en 62.511.55 euros, a otras de algo mayor calado que costaron 239.064,29 euros y a unas trabajos en la climatización tasados en 56.000 euros. En este último caso, los vecinos se habían quejado de los ruidos de la instalación y sí fue un cambio sobrevenido en el proyecto original.

En 2018, además, se formalizó otro contrato de obras con la empresa Vasco-Gallega Construcciones por valor de 861.863,92 euros, de los que 682.337,92 se pagarán en 2019. Se trata de trabajos pendientes en las plantas 2, 3 y 4, “adaptaciones a las necesidades planteadas por el Instituto Foral de Bienestar Social para el traslado de sus diferentes áreas”. En total, más de 1,2 millones de euros.

El PP, por boca de Marta Alaña, llevó estos sobrecostes al pleno de control que celebraron el pasado miércoles las Juntas Generales de Álava, el último de la legislatura. Según Alaña, se partió de un “presupuesto falso” y toda la gestión posterior ha sido un despropósito. Argumenta, por ejemplo, que el hecho de haber retrasado el propio traslado ha supuesto “duplicar alquileres”, el 100% del nuevo edificio sin estar rematado (529.980 euros anuales) y otros “400.000 euros” por las antiguas dependencias dispersas por la ciudad.

Alaña también esgrimió el acuerdo 134/18 de la Diputación por el cual se habilitaron 450.000 euros extraordinarios para cubrir los gastos derivados de la rehabilitación del edificio de San Prudencio. Según ese documento, 150.000 euros procederían de otros gastos de mantenimiento del propio Instituto Foral de Bienestar Social y 300.000 euros de los fondos para “servicios residenciales concertados”.

Desde el Gobierno, la diputada de Bienestar Social, Marian Olabarrieta, explicó que el traslado se acelerará ya esta primavera para quedar completado en “junio o julio” y recalcó la importancia de un servicio centralizado y de calidad. Fuentes forales añaden que aprecian cierto electoralismo en el PP al sacar a relucir este asunto en puertas de las elecciones. La propia Olabarrieta afeó a Alaña que guardara en el cajón un proyecto semejante cuando fue diputada del ramo entre 2011 y 2015.

Ya en abril de 2008 Alaña y otra diputada, la responsable de Administrado Foral, Cristina González, se enzarzaron por esta cuestión en el Parlamento foral. En esa fecha, González reconoció que los “problemas nuevos” habían disparado los costes. Pidió también disculpas por las molestias generadas en el vecindario por los ruidos de la climatización.