La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha formulado este miércoles desde el interior del Parlamento Vasco una enmienda de totalidad a los mensajes que sindicatos y colectivos sociales han querido trasladar tras una pancarta en el exterior de la Cámara. “No hemos recortado la renta de garantía de ingresos (RGI), la hemos actualizado”, ha zanjado. Artolazabal, que ha presentado en la Cámara las líneas generales de su programa para la legislatura, ha defendido en nombre de la “sostenibilidad” del sistema de ayudas sociales la decisión de no aplicar a la RGI la subida del 8% en el salario mínimo interprofesional (SMI), al que esta prestación está vinculada desde 2009. La consejera ha avivado su confrontación con la oposición de izquierdas al sugerir también que la cuantía básica de la RGI, fijada en 625 euros, pueda ser demasiado elevada: “No se diferencia mucho de la de otros países más avanzados que tienen el salario mínimo mucho más alto”.

Artolazabal ha aportado también algunos datos confusos para argumentar que una RGI próxima al SMI (la ley que la configuró en 2008 fijó su cuantía básica en un 88% de este indicador y rechazó expresamente una equiparación) desincentiva la búsqueda de trabajo. Ha señalado que en 2017 el SMI mensual será de 707 y que la diferencia entre quien trabaja por el mínimo y el perceptor de subsidios “no llega a 100 euros”, cuando el SMI se abona en 14 pagas y la RGI en 12. La diferencia real es de 200 euros, ya que son 625 de RGI y 824 de SMI.

También ha asegurado que el compromiso económico del Ejecutivo del PNV con las ayudas sociales es incuestionable ya que en la última legislatura “se ha incrementado en más de 100 millones de euros”. Los presupuestos de la RGI, en efecto, han crecido de manera importante, pero no lo ha hecho en la misma medida el gasto. Lo que ha ocurrido es que se han acompasado las previsiones al coste real de un derecho que no puede ser limitado por motivos presupuestarios para evitar los grandes desfases que se produjeron en los primeros años.

Artolazabal ha repetido que Navarra, en su nueva ley de renta garantizada, incorporó la subida del IPC como baremo para revisar anualmente las cuantías, exactamente como plantea el Gobierno como alternativa a la subida del SMI. Y ha recordado que EH Bildu y Elkarrekin Podemos, las formaciones más beligerantes contra el Gobierno en Euskadi, apoyaron allí esa decisión.

Era su respuesta a las duras palabras de las representantes de ambas coaliciones. Nerea Kortajarena (EH Bildu) había denunciado que “recortar no es sólo quitar” sino también “no dar lo que corresponde”. Si se aprueba la subida del IPC, las RGI crecerán un 1,5% y no un 8%. Desde Elkarrekin Podemos, Tinixara Guanche ha reconocido que el incremento “cuesta dinero” pero ha indicado que “no se trata de cuánto cuesta sino de cuáles son las prioridades de gasto”. “Es una cuestión de voluntad política del Gobierno de PNV y PSE-EE”, ha dicho la representante morada. Incluso Laura Garrido (PP) ha recordado que el Ejecutivo nacionalistas mantuvo durante los últimos cuatro años el recorte general del 7% promovido en 2011 de manera “excepcional” por el Gobierno de Patxi López (apoyada por el PP).

El mejor de España... pero peor que Extremadura

Artolazabal, en todo caso, ha reiterado que en los próximos meses presentará una propuesta para modificar la renta de garantía de ingresos y el funcionamiento de Lanbide, donde debería abordarse de manera global toda la polémica en torno a las cuantías. Sin embargo, ha destacado la evolución positiva del servicio de empleo en los últimos cuatro años. Entonces, el consejero Juan María Aburto lamentaba que “la RGI se había comido a Lanbide”, en referencia al colapso que supuso para el Inem vasco la tramitación de prestaciones sociales. Ahora, Artolazabal ha asegurado que las colas no existen, que se tramitan más expedientes con menos errores y que se ha reforzado el control del sistema.

En este sentido, ha indicado que de 373.000 revisiones realizadas entre 2012 y 2016 se ha hallado un volumen de 0,8% “usos inadecuados del sistema” y de 0,59% de fraude. “No son datos significativos”, ha dicho en respuesta a las preguntas del PP, el partido que más ha presionado con las irregularidades en Lanbide, campaña de firmas incluida para endurecer el acceso al sistema a los extranjeros.

Los datos no han convencido en demasía a la oposición. Kortajarena, por ejemplo, ha sentenciado que “Lanbide está en la UCI”. Y Garrido ha recordado que nunca se ha alcanzado el objetivo prometido del 5% de intermediación laboral, que es la misión principal de las oficinas de empleo y no la RGI. Artolazabal ha rechazado de plano estas acusaciones, ha dicho que en materia de intermediación va mejorando sin cesar hasta llegar al 3,27% e incluso ha señalado que Lanbide es el mejor servicio autonómico de España.

Y eso que Extremadura tiene una tasa de intermediación del 10%, dato que los expertos vascos achacan a la tramitación del PER y no a una mayor eficacia de esa comunidad. El propio viceconsejero de Empleo, Andrés Blasco, llegó a afirmar en un foro público que él no recomendaría a sus hijos que acudieran a Lanbide a buscar empleo. Blasco, que fue relevado por Artolazabal, ha sido recolocado como “asesor en materia parlamentaria” por el consejero Josu Erkoreka, que le mantendrá su sueldo anterior.

Además de las políticas de empleo y las ayudas sociales, el área de Artolazabal, que pierde con la entrada del PSE-EE las competencias de Vivienda y Trabajo, controla también las áreas de servicios sociales, juventud y familia. En este último ámbito, la consejera ha lanzado uno de sus anuncios de mayor calado: “A lo largo de esta legislatura [se incrementarán] hasta un 50% los recursos destinados a las políticas de familia”. Ha añadido que “las personas necesitan para hacer realidad su deseo de tener hijos e hijas y poder garantizar su bienestar disponer de servicios de apoyo que permitan una estructuración de los tiempos sociales más acorde a sus necesidades”. El envejecimiento es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Euskadi.

En el plano más político, la consejera ha reiterado la voluntad del Gobierno de reforzar sus competencias en políticas sociales con dos transferencias por parte del Estado, la Seguridad Social (“desde el respeto al principio de solidaridad y al carácter unitario del sistema”, ha puntualizado como guiño a sus socios del PSE-EE) y las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro que abona el Inem). “Es necesario disponer de todas las herramientas para conectar con las acciones que ya ejerce Lanbide”, ha manifestado Artolazabal, que tiene como reto que el desempleo baje del 10% en 2020 y que la tasa de pobreza caiga en un 20%.