Stop Desahucios: “El PP y el PNV están arruinando la Ley de Vivienda”
El recurso contra la Ley vasca de Vivienda por parte del Gobierno central y los proyectos de decretos que está aprobando el Ejecutivo vasco para desarrollar los aspectos que no han sido recurridos han dibujado un panorama muy sombrío en torno a la norma. Uno de los principales logros del Parlamento vasco esta legislatura lleva camino de echarse a perder, alertan los colectivos antidesahucios del País Vasco. Estos movimientos han acusadohan acusado al PNV y al PP de amenazar gravemente la Ley de Vivienda, los primeros por querer sustituir el derecho subjetivo de acceso con un pago económico, y los segundos por recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra una veintena de artículos de la Ley vasca, que ha provocado la suspensión cautelar de la parte recurrida de esta norma. Para Stop Desahucios de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y del colectivo IRPH Stop Gipuzkoa, el recurso del Gobierno del PP y el borrador de decreto del Gobierno vasco que, según estos colectivos, sustituye el derecho a una vivienda digna por 250 euros, así como la falta de recursos en el presupuesto, “arruinan la ley”.
“El Gobierno vasco no ha hecho nada para evitar el recurso de inconstitucionalidad”, lamentan. Además, le acusan de que esté “aplicando sin aprobarse un decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna que regula exclusivamente una nueva prestación económica de 250 euros”.
“Se vulnera así radicalmente la ley, que establece la satisfacción del derecho subjetivo mediante la puesta a disposición de una vivienda, convirtiendo la excepción, de sustituir el derecho por una prestación económica, en la norma general, y además endureciendo y recortando la actual Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que perciben 29.000 familias”, recalcan.
Para estos colectivos, sustituir el derecho a una vivienda digna por 250 euros cuando el alquiler medio en la Comunidad autónoma es de 813 euros, “es un atropello, y hacerlo, además, empeorando la actual PCV, una tropelía”.
