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Suspendidos los juicios contra el IRPH en Gipuzkoa hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo

Stop Desahucios e IRPH Stop Gipuzkoa instan a partidos y coaliciones a suscribir un decálogo contra los desahucios

Eduardo Azumendi

El juzgado especializado en cláusulas abusivas de San Sebastián y la Audiencia Provincial de Gipuzkoa han paralizar todos los procedimientos relacionados con demandas de nulidad del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, popularmente conocido como IRPH hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome una decisión en relación a este índice hipotecario. Mediante varios autos, dictados en procedimientos tramitados por los abogados de la asociación IRPH Stop Gipuzkoa (la asociación más combativa contra este índice), ambas instancias han hecho pública esta decisión.

El IRPH es otra de las cláusulas abusivas que emplearon las cajas y bancos españoles durante la burbuja inmobiliaria y supone una alternativa al euribor, el indicador más utilizado a la hora de formalizar un préstamo hipotecario. Se calcula que más de 1,3 millones de familias en España están sujetas a este índice, que encarece las cuotas entre 200 y 300 euros al mes. Miles de afectados han recurrido a los jueces al considerar que la entidad financiera les asesoró mal a la hora de contratar este producto o que, directamente escamoteó información sobre su funcionamiento. Esto ha provocado sobrecostes en los préstamos. En muchos casos, los afectados incluso desconocían que sus hipotecas contaban con esta cláusula.

En sus autos, tanto la Audiencia como el juzgado donostiarra aseguran que “se plantean dudas razonables” en cuanto a la interpretación que del derecho comunitario hizo el Tribunal Supremo en su sentencia favorable a la banca. Uno de los votos particulares de esa sentencia afirmaba que la misma era contraria a derecho. Además, el juzgado hace referencia también a que la Comisión Europea se ha personado en el asunto que se está tramitando en el Tribunal Europeo y ha hecho observaciones que coinciden con el voto particular y por tanto se oponen al criterio del Supremo.

Tras el informe de la Comisión Europea, ahora queda la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con este panorama, sería una temeridad que los procedimientos abiertos continuaran su curso respetando la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando ésta está siendo cuestionada en una instancia superior.

Además de la Comisión Europea, también el Gobierno español se ha personado ante el Tribunal Europeo, presentando un escrito en defensa del criterio del Supremo y de los intereses de la banca.

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