El Parlamento busca desatascar la tramitación de la ley de cláusulas sociales en contratos públicos
La Iniciativa Legislativa Popular, promovida por el sindicato ELA, llegó al Parlamento avalada por la ciudadanía que apoyó la propuesta con 110.000 firmas. Pero de momento ese anhelo popular no se consigue materializar en una normativa para regular la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. En diciembre, la ponencia parlamentaria que estudia la iniciativa, se despidió hasta nueva fecha sin consenso alguno.
La iniciativa llegó hasta la Cámara a instancias del sindicato nacionalista, preocupado por la problemática derivada de la externalización de los servicios públicos y la sucesiva concatenación de contratas para dar esa cobertura. La iniciativa legislativa recoge la obligación de incluir una serie de cláusulas sociales en los contratos de obras y de gestión de servicios públicos que se desarrollen por medio de subcontratas. Así, los pliegos de condiciones de los contratos deberán incluir como mínimo las condiciones del convenio del sector de ámbito más inferior y de subrogare a los trabajadores de la empresa saliente. Es decir, la empresa entrante se subroga en todos los derechos y obligaciones de la empresa saliente.
Nuevas sesiones tras el parón navideño
Esta iniciativa, que cuenta con el criterio desfavorable del Gobierno Vasco, también plantea que haya sanciones para las empresas que incumplan estas premisas.
Todos los grupos, salvo el PP, han presentado enmiendas al texto de ELA, pero a pesar de las modificaciones y a dos años de tramitación parlamentaria, la ILP de momento, tan solo cuenta con el apoyo de EH Bildu. Las formaciones, tras el parón navideño, retoman la ponencia para explorar alternativas y vías de negociación que permitan una salida al atasco de la ILP.
La falta de apoyos provocó el agrio enfado en la organización sindical promotora de la iniciativa. Su secretario general, Adolfo Muñoz “Txiki”, declaró que si no sale adelante es “porque no hay voluntad de cambiar las cosas”. El sindicato hizo un un último llamamiento a los diferentes grupos parlamentarios para que aprueben la ILP y demuestren que están a favor de la dignidad laboral. Aseguran que pese al bloqueo seguirán luchando para “poner coto a la precariedad” también en las subcontratas públicas. “No vamos dar la situación por perdida. Vamos a seguir movilizándonos para que esta ILP vea la luz en la CAPV al igual que ocurrió en Navarra”, subrayó entonces Muñoz. “La falta de apoyos a la ILP de ELA para las subcontratas es apoyar la miseria laboral”, concluyó.
